CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Justicia para los profes
Por primera vez en mucho tiempo, una iniciativa legislativa toca un nervio sensible y urgente: la creciente ola de agresiones, amenazas y difamaciones contra maestros y maestras. No se trata de un tema menor, sino de un fenómeno que ha convertido el ejercicio docente en una profesión de alto riesgo.
La diputada Blanca Anzaldúa Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una reforma integral a la Constitución de Tamaulipas, al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de proteger legal y psicológicamente a los docentes, garantizarles defensa jurídica, reparación del daño y establecer sanciones más severas contra quienes los agredan.
La propuesta llega en el momento justo. Las agresiones en planteles educativos —muchas veces grabadas y difundidas en redes sociales— se han vuelto parte de una rutina enfermiza que exhibe la pérdida del respeto hacia la figura del maestro.
En su iniciativa, la legisladora plantea que cuando las víctimas de delitos como lesiones, amenazas, extorsión, privación ilegal de la libertad o difamación sean docentes, las penas se aumenten hasta en una mitad. Es una medida que busca frenar la impunidad y enviar un mensaje claro: agredir a un maestro no será tolerado.
Pero la propuesta no se limita al castigo. También obliga a las autoridades educativas a dignificar el trabajo magisterial, proteger a los docentes de acusaciones falsas y reconocer su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso legal.
Incluso les garantiza atención psicológica.
En otras palabras, pretende equilibrar una relación que en los últimos años se ha distorsionado. Hoy, basta un rumor o un video editado para que la carrera de un maestro se derrumbe, mientras los agresores se amparan en la excusa del “derecho a denunciar”.
El planteamiento de Anzaldúa Nájera va más allá de lo punitivo: propone también protocolos obligatorios de prevención, denuncia y atención, coordinados entre las autoridades educativas y de seguridad pública, con el fin de garantizar entornos escolares libres de violencia.
La iniciativa parte de una premisa elemental: sin respeto hacia el docente, no puede haber aprendizaje real. Y tiene razón. Una escuela donde el maestro teme enseñar, o donde la disciplina se confunde con abuso, está condenada al fracaso.
La diputada sostiene que el número de agresiones y actos de hostigamiento contra maestras, maestros y personal de apoyo ha crecido de forma alarmante, afectando el ambiente educativo y la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje.
No exagera. Cada vez son más frecuentes los casos de maestros humillados o agredidos por alumnos y padres, mientras la autoridad educativa actúa con tibieza o indiferencia.
El caso del CETIS 78 de Altamira es el ejemplo más reciente. En septiembre pasado, un grupo de estudiantes, hombres y mujeres, golpeó brutalmente al director del plantel tras acusarlo falsamente de acoso sexual. Días después se demostró que era inocente. Pero el daño —físico, emocional, moral y profesional— ya estaba hecho.
Ese tipo de linchamientos, alimentados por la desinformación y el impulso, han convertido las redes sociales en tribunales sumarios donde el maestro no tiene derecho a defenderse.
Por eso esta iniciativa no es una ocurrencia. Es una respuesta sensata y necesaria a un problema que el sistema educativo lleva años ignorando.
A diferencia de otras reformas vacías, que solo sirven para engordar las estadísticas personales de los diputados, esta tiene un propósito claro: restablecer el respeto y la autoridad del maestro.
Y es que enseñar nunca había sido tan peligroso. La falta de límites en los alumnos, la permisividad de algunos padres y la ausencia de protocolos institucionales han dejado a los docentes desprotegidos ante cualquier acusación o agresión.
La propuesta de Anzaldúa Nájera podría ser el inicio de un viraje. Una forma de devolverle al maestro la protección y la dignidad que el Estado le arrebató por omisión.
No se trata de blindar al docente frente a la crítica, sino de protegerlo frente a la injusticia. De garantizar que quien educa no tenga que hacerlo con miedo.
Porque el aula debe ser un espacio de conocimiento, no de violencia. Y el maestro debe ser autoridad moral, no víctima de linchamiento público.
Si el Congreso aprueba esta iniciativa, dará un paso histórico. Porque no se puede hablar de educación de calidad mientras el maestro vive amenazado, señalado o golpeado por cumplir su deber.
Ojalá esta vez los diputados voten con sensatez y no con cálculo político. No hay mejor inversión social que proteger a quien enseña.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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