
Por Carlos López Arriaga
¿Inteligencia para qué?
Cd. Victoria, Tam.- El tema no es privativo de nuestro país. En la vieja Alemania de HELMUT SCHMIDT se viene trabajando desde los años setentas. Resulta incluso limitado que en México tengamos como documento máximo la credencial de votar.
En 1996 se creó el CURP, Clave Única de Registro de Población con 18 caracteres alfanuméricos. El código QR se agregó en 2019. Pero la tarjeta del INE no es todavía una cédula de identidad completa. No incluye huellas digitales ni datos biométricos. Ni su foto es de alta resolución, la calidad deja mucho que desear.
Tampoco posee un chip electrónico capaz de informar sobre el tipo de sangre del usuario o su historial clínico. En algunos países, “el ID” (documento de identidad) es herramienta básica para declarar impuestos; consultar y actualizar datos personales en el padrón civil y firmar electrónicamente contratos con plena validez legal.
Ello, además de votar, renovar permisos, registrar un vehículo, abrir una empresa en línea, solicitar prestaciones sociales, registrar un nacimiento, presentar denuncias y prácticamente cualquier trámite oficial. En algunos casos incluye hasta el permiso de conducir.
En México se dice que viene un nuevo CURP aparentemente recargado; no sabemos hasta dónde. Ni si funcionará como las cédulas de identidad de otros países, si desplazará a la tarjeta del INE como documento maestro de identificación o incluso la reemplazaría dentro del mediano plazo.
OJOS Y OÍDOS
En espera de más detalles, se sabe que la nueva Ley de Telecomunicaciones obliga a que los concesionarios de Internet exijan a sus usuarios la identificación oficial. El CURP en personas físicas y el RFC para personas morales.
Desde luego hay reformas polémicas como la de otorgar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y al propio SAT, facultades para intervenir comunicaciones, accesar a datos biométricos, vehiculares, telefónicos, actividad bancaria, uso de tarjetas de crédito, información catastral y del registro público de la propiedad.
Se aprobó también la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Lo que acaso implique una renovada coordinación de las 32 entidades federativas con los organismos del gobierno federal.
Entre otros, la nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial; el ya conocido Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) y la Plataforma Central de Inteligencia.
Todo ello, con la SSPC como cabeza del Sistema Nacional de Seguridad. La cual podrá solicitar información a cualquier dependencia oficial para identificar y esclarecer posibles hechos constitutivos de delito, en particular los de alto impacto.
ESPECTRO AMPLIO
Se contempla también el acceso del CNI a padrones de personas detenidas y sentenciadas. Lo cual incluye información relativa a la desaparición forzada de personas; la desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Y algo que comenté en la columna anterior. Hacer frente al poder que demuestran los jefes delictivos desde su reclusión penitenciaria para operar a distancia y girar órdenes a sus subordinados extramuros, amén de perpetrar con inexplicable regularidad la extorsión telefónica.
A ver si es cierto que el Sistema Penitenciario tendrá la obligación de adquirir, instalar y operar equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen en las cárceles. Se supone que ya lo tienen, pero ¿lo aplican?
La renovada estrategia habla de constituir y operar una Academia Nacional de Seguridad con funciones de profesionalización en materias de inteligencia, investigación y operaciones especiales (ojo) en los tres órdenes de gobierno.
Entidades y municipios estarían obligados a establecer mesas de paz (como la que ya funciona en Tamaulipas) para informar periódicamente a la población sobre políticas, programas y resultados en la prevención del delito, amén de garantizar la profesionalización de sus cuerpos policiales. Esto también queremos verlo.
MÁS QUE INFORMACIÓN
La nueva Ley de Telecomunicaciones permitiría la geolocalización en tiempo real de todos los celulares en manos y bolsillos ciudadanos, dentro del territorio nacional. Deseo del que aún restaría (1) ver si es posible y, de ser así (2) con qué orientación se emplea, es decir (3) qué uso le darían.
Las oficinas de inteligencia americanas supieron que se avecinaba un ataque sobre las Torres Gemelas al menos desde 1999, por múltiples reportes que alertaban sobre los planes de AL QAEDA para usar aviones como armas.
Entre 2000 y 2001 la Agencia Nacional de Seguridad había interceptado comunicaciones de una célula islámica. Los focos rojos estuvieron parpadeando de manera continua durante el verano del 2001.
En agosto, sobre el escritorio del Presidente BUSH había reportes diarios con la misma advertencia, en calidad de inminente. Pero llegó el 11 de septiembre y ninguna acción sustantiva impidió que murieran tres mil personas con un saldo de seis mil heridos y cuantiosas pérdidas materiales.
Los expertos dirían después que la falla estuvo en la toma de decisiones. Es decir, en el mando político. Tener la información no basta; se requiere además usarla a tiempo y con eficacia, privilegiando el mejor interés de la nación, de la gente.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com