Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la corrupción no muere: muta. Cambia de nombre, de oficina, de partido político, pero sigue respirando en los pasillos y drenando los recursos que pertenecen a los jóvenes tamaulipecos.
Hoy el rostro visible de esa corrupción tiene nombre y apodo: Gerardo “El Pity” Delgado, director de la Facultad de Comercio Victoria.
Las pruebas del desvío: choferes, camionetas y personal doméstico.
Los testimonios de alumnos y trabajadores de la facultad revelan un patrón reiterado de desvío de recursos:
• El chofer de la escuela, pagado con dinero de la Universidad, se utiliza para recoger a los hijos del director en la Universidad La Salle.
• Una camioneta oficial de la UAT es empleada para transportar brincolines que renta la esposa del funcionario para fiestas privadas.
• Personal administrativo de la facultad es obligado a realizar tareas domésticas en la casa de la familia Delgado, desde pintar paredes hasta hacer limpieza en el Fraccionamiento La Salle.
No son simples “favores personales”: son actos de corrupción tipificados por la ley.
El patrón histórico: lo público convertido en hacienda privada.
En México, desde la época colonial, los recursos públicos han sido tratados como patrimonio de unos cuantos.
Y en Tamaulipas la práctica continúa: funcionarios que convierten choferes en niñeras, vehículos oficiales en remolques de fiestas y trabajadores públicos en servidumbre doméstica.
La Universidad no es excepción. Lo que ocurre hoy en Comercio Victoria es la misma tragedia de siempre: el presupuesto que debería usarse en aulas dignas, bibliotecas modernas y becas suficientes termina en las manos privadas de quienes se sienten dueños de lo que solo deberían administrar.
Marco legal: la corrupción tipificada.
Los hechos documentados encuadran en diversas disposiciones jurídicas:
1. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA):
• Artículo 7, fracción II: prohíbe a todo servidor público “utilizar bienes, fondos, recursos o servicios públicos para fines distintos a aquellos a los que están afectos”.
• Artículo 52: tipifica el uso indebido de recursos públicos como falta grave.
• Artículo 53: establece sanciones que van desde la destitución e inhabilitación hasta sanciones económicas equivalentes al beneficio obtenido o daño causado.
2. Ley de la Universidad Autónoma de Tamaulipas:
• Artículo 9, fracción IV: los funcionarios universitarios tienen la obligación de “administrar con probidad los recursos materiales y humanos”.
• Artículo 15: faculta al Consejo Universitario a destituir directivos que incurran en actos que perjudiquen el patrimonio universitario.
3. Código Penal de Tamaulipas:
• Artículo 223: sanciona el peculado, es decir, el uso indebido de vehículos, bienes o servicios públicos por servidores o empleados para fines particulares.
Más allá de la sanción administrativa: el vínculo político.
La permanencia de “El Pity” no responde al mérito académico, sino a la protección política. Sus nexos con el PAN han sido su blindaje.
Y ahí está la raíz del problema: la Universidad continúa siendo botín partidista, un feudo que se reparte en cuotas y compromisos.
Pero la ley es clara: los vínculos políticos no son inmunidad. Ni en la UAT ni en ninguna institución pública.
Exigencia ciudadana: que repare el daño.
No basta con removerlo del cargo. Los desvíos cometidos deben cuantificarse y resarcirse.
Cada litro de combustible, cada hora-hombre de personal universitario desviado, cada peso del presupuesto utilizado en fines particulares constituye un daño patrimonial al Estado de Tamaulipas.
La exigencia es simple y contundente:
1. Que se inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas contra Gerardo “El Pity” Delgado.
2. Que el Órgano Interno de Control de la UAT dé vista inmediata a la Fiscalía Anticorrupción por los posibles delitos de peculado.
3. Que el funcionario sea separado de su cargo de manera preventiva mientras se sustancian los procedimientos.
La corrupción universitaria no siempre se mide en millones desviados de un contrato.
A veces se esconde en lo doméstico, en lo cotidiano, en un brincolín transportado con gasolina del erario o en un trabajador obligado a barrer la casa de un directivo.
Pero lo pequeño no es irrelevante: es el reflejo del cáncer que sigue consumiendo a nuestras instituciones.
Hoy el caso de Gerardo “El Pity” Delgado es prueba de ello. Y si la Universidad, el Gobierno y la Justicia permiten que quede impune, mañana otro “Pity” volverá a ocupar el escritorio, el chofer y la camioneta. Y el ciclo se repetirá.
La diferencia la marcará si esta vez se rompe el pacto de complicidades.
Si esta vez la ley se aplica. Y si esta vez los recursos regresan a donde siempre debieron estar: al servicio de los estudiantes y no de los brincolines.