
ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
El mito de los militares incorruptibles se derrumbó
La idea de que los militares eran incorruptibles se vino abajo. Hoy, con escándalos de mandos de la Secretaría de Marina ligados al huachicol, ha quedado claro que la militarización de la seguridad pública no blindó a las corporaciones: las hundió en la misma corrupción que prometía erradicar.
Desde el año 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar al Ejército a las calles bajo el argumento de combatir al narcotráfico, México entró en una dinámica de militarización que nunca se ha revertido. Con el paso de los años, lejos de disminuir, se profundizó.
La apuesta era sencilla de explicar: se pensaba que la disciplina castrense, el sentido del deber y la verticalidad de mando garantizarían un muro contra el poder corruptor del crimen organizado.
Bajo esa lógica, el gobierno federal ordenó a los estados entregar la conducción de las corporaciones de seguridad a militares y marinos de alto rango. Tamaulipas no fue la excepción.
Durante varios sexenios, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha estado en manos de generales y vicealmirantes. La Guardia Estatal, antes Policía Estatal, ha estado subordinada a la visión castrense.
¿El resultado? Los números no mienten: Tamaulipas sigue siendo uno de los estados más golpeados por la violencia, con brotes permanentes de crimen organizado y enfrentamientos armados.
Pero el fracaso no solo se mide en estadísticas. Se mide también en el desencanto de quienes alguna vez pensaron que un uniforme verde olivo era garantía de limpieza y honestidad.
El caso más reciente es demoledor: un vicealmirante, junto con otros mandos de la Marina y funcionarios civiles, acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal. Si los marinos, que eran presentados como el “ejemplo de incorruptibilidad”, hoy aparecen embarrados, ¿qué queda del discurso que justificó su llegada?
El argumento de la incorruptibilidad se desmorona frente a la realidad. Los militares también son hombres. Y los hombres, en puestos de poder, expuestos a tentaciones millonarias, son tan vulnerables como cualquier político civil.
Lo peor es que la militarización no solo no solucionó el problema: lo agravó. Porque mientras se apostaba todo a generales y almirantes, se abandonó el fortalecimiento de las policías civiles. Se dejó morir el proyecto de cuerpos profesionales, cercanos a la ciudadanía y sujetos a controles civiles.
Así, mientras las calles se llenaban de soldados, los municipios quedaban desarmados. Y el crimen organizado encontró más fácil penetrar territorios donde la seguridad se había convertido en un juego de espejismos.
Hoy, tras casi dos décadas de militarización, es hora de hacer cuentas. Y las cuentas son rojas. Ni se redujo el poder del crimen, ni se blindó a las instituciones contra la corrupción.
La militarización fracasó. Y su fracaso tiene un costo altísimo: miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y una sociedad que sigue sin confianza en sus instituciones.
Por eso urge replantear el modelo. No se trata de desaparecer al Ejército de golpe de las calles, pero sí de regresar gradualmente a un esquema de seguridad con mando civil, sujeto a controles ciudadanos y con rendición de cuentas.
Las corporaciones policiacas deben volver a manos de civiles. Solo así se puede construir una estructura que no dependa de la disciplina ciega, sino de la transparencia y el escrutinio público.
Lo mismo ocurre en los puertos y aduanas, entregados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a la Marina y al Ejército. Lejos de resolver el problema, los convirtió en espacios aún más opacos y permeables a la corrupción.
Si los militares ya fallaron, ¿qué sentido tiene seguir apostando por ellos? La evidencia demuestra que ni son incorruptibles ni son inmunes a los tentáculos del crimen.
La seguridad pública no puede seguir siendo rehén de un experimento fallido. México necesita recuperar el mando civil, profesionalizar sus policías y entender que el uniforme no es sinónimo de honestidad.
La lección es clara: militarizar la seguridad fue un error. Y como todo error, debe corregirse antes de que el costo sea irreversible.
EL RESTO.
CLARO, DON ADÁN.- El senador morenista, Adán Augusto López, dice que no teme a nada luego de la captura de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, presunto líder del cártel de La Barredora.
Claro. Nadie en su situación tendría temor si desde el Poder público ya lo han exonerado mediáticamente.
¿Alguien cree que la FGR tiene credibilidad para realizar una investigación imparcial? o ¿Alguien cree que algún Juez se atrevería a librar una orden de aprehensión en contra de Don Adán?
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com