Proponen reorganización administrativa y territorial del Supremo Tribunal de Justicia
Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reforma propuesta tiene como objeto dotar al Organo de Administración Judicial de tres facultades principales:
1. Reorganizar el territorio judicial, redistribuir las adscripciones, y realizar cambios que respondan a una lógica de eficiencia y equilibrio en la carga de trabajo.
2. Crear, fusionar o extinguir áreas administrativas o jurisdiccionales en función de las necesidades del servicio.
3. Aproximar la justicia a la ciudadanía, mediante un rediseño institucional que refleje el mapa real de necesidades en los distintos distritos del estado tanto administrativo como jurisdiccional.
La iniciativa de reforma plantea que el órgano de Administración Judicial determinará el número, división en distritos o regiones judiciales, competencia territorial especialización por materias de cada juzgado; cambios de adscripción, de órgano jurisdiccional o reubicación del personal y jueces y ejercerá las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen.
Así lo detallo Tania Gisela Contreras López Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien dijo que ese poder se encuentra en un momento de profunda transformación.
Quien dijo que no solo es una reconfiguración técnica, sino de una reingeniería institucional que responde a una nueva visión: una justicia más eficiente, más cercana a la gente y capaz de adaptarse a los desafíos reales del siglo XXI.
“Durante años, la organización del Poder Judicial ha permanecido prácticamente inalterada, a pesar de que el entorno social, la carga de trabajo y las necesidades de la ciudadanía han cambiado de forma acelerada. La presente propuesta no surge de una coyuntura aislada, sino del resultado de un análisis profundo y minucioso emprendido desde el 1 de octubre de 2025, fecha en que asumimos nuestras funciones.
– A partir de entonces, se ha evaluado de manera integral la estructura operativa del Poder Judicial, las cargas de trabajo en cada región del estado y la capacidad institucional para responder con prontitud, equidad y eficacia. Este ejercicio de diagnóstico dejó en evidencia tres desafíos estructurales que afectan la calidad y el alcance de la justicia”, indicó.
Dijo en la iniciativa que existe un rezago judicial acumulado, que limita la resolución oportuna de los asuntos.
Una inequidad territorial que provoca que algunas regiones estén sobre atendidas y otras permanezcan desatendidas.
Y la carencia de juzgados con enfoque específico por materia, lo que impide que los asuntos sean resueltos por jueces con especialización jurídica en los temas que conocen.
Reiteró que esa iniciativa se enmarca en la etapa de consolidación del nuevo modelo judicial surgido de la reforma de 2024, que instauró la elección directa de jueces y juezas por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la legitimidad de origen debe complementarse con condiciones reales para que ese mandato se traduzca en resultados: órganos judiciales bien distribuidos, adscripciones que respondan a las necesidades territoriales, y una organización flexible que permita atender con oportunidad, especialización y equidad.
Se informó que estas acciones permitirán, por ejemplo, crear o fusionar juzgados en zonas con alta demanda, reubicar personal sin afectar derechos adquiridos y atender con oportunidad regiones que históricamente han estado desatendidas.