CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
¿Se seguirán escondiendo?
El nuevo presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Iván Arroyo Villarreal, anuncio, el pasado lunes, que buscará que el Pleno retome las sesiones presenciales.
¿Será verdad? Esa es la pregunta que brota inevitable.
Porque, hay que decirlo con claridad, esta misma promesa fue pronunciada por su antecesor, René Osiris Sánchez Rivas, no una sino varias veces.
Primero, cuando aspiraba a presidir el Tribunal. Después, cuando ya ocupaba el cargo. Y finalmente, cada vez que se le exigía congruencia entre lo que decía y lo que hacía.
Paradójicamente, Sánchez Rivas criticó durante años las sesiones virtuales. Las consideraba impropias para un órgano que, por mandato constitucional, debe sesionar de manera pública y abierta. Pero apenas tuvo el poder para revertir esa modalidad, simplemente no lo hizo.
Siempre encontró un pretexto. Que el Pleno debía consensuarlo. Que no había presupuesto para comprar equipo de audio. Que se analizaba la logística. Que estaba “en estudio”. Y así, sesión tras sesión, la promesa se diluyó en la comodidad de la pantalla.
La modalidad virtual nació como una medida extraordinaria en marzo de 2020, cuando la pandemia obligó a migrar todo el sistema de justicia a formatos remotos. Era una decisión necesaria: mantener activos los órganos y evitar el colapso institucional.
Sin embargo, la emergencia sanitaria concluyó oficialmente en mayo de 2023. Desde esa fecha, no hay razón sanitaria, jurídica ni administrativa para que el Tribunal Electoral continúe escondido en transmisiones cerradas, sin público, sin transparencia y sin acceso directo a las deliberaciones.
Aun así, casi tres años después del fin de la emergencia, los magistrados siguen aferrados a la virtualidad. Y esa insistencia ha terminado por generar la sospecha de que algo esconden o que les están ordenando continuar trabajando en la oscuridad.
La opacidad no solo incomoda. En un órgano jurisdiccional es un síntoma grave. La justicia, por definición, debe ser pública. La Constitución lo exige. La sociedad lo reclama. Y los principios más básicos de transparencia obligan a que las decisiones se tomen a la vista de todos.
El Tribunal Electoral no puede ser la excepción. Máxime cuando es la instancia encargada de arbitrar conflictos político-electorales, donde la confianza pública es el único capital que sostiene su legitimidad.
Por eso, cuando Arroyo anuncia que buscará consenso para regresar a sesiones presenciales, la pregunta inevitable es si lo dice como convicción o como protocolo. Porque si realmente quisiera hacerlo, hay un dato innegable: el presidente del Tribunal tiene la facultad para convocar sesiones presenciales sin pedir permiso a nadie.
En ese sentido, hablar de “consensos” suena más a justificación anticipada que a voluntad de cambio. Y la ciudadanía ya está cansada de promesas que se desvanecen cuando la comodidad institucional se vuelve más fuerte que el deber público.
Si algo necesita hoy el Tribunal Electoral es recuperar credibilidad. Y el primer paso es abandonar el refugio de las sesiones virtuales. No hay democracia sólida sin instituciones visibles. No hay justicia confiable sin procesos abiertos.
Los magistrados deben comprender que la transparencia no es un favor ni un gesto político: es una obligación. Y es, además, la única manera de que sus decisiones no sean cuestionadas desde el origen.
Un tribunal que sesiona en la penumbra genera más dudas que certezas. Y en un estado donde los procesos electorales suelen estar tensados, la opacidad solo alimenta suspicacias innecesarias y sospechas sobre intereses que nadie aclara.
Soy de la idea de que las instituciones se fortalecen cuando se miran de frente. Cuando asumen su papel con seriedad y respeto hacia quienes confían en ellas.
Por eso, si Arroyo realmente quiere marcar diferencias con su antecesor, tiene una oportunidad inmejorable: pasar del discurso a la acción. No mañana, no la próxima semana, no después de “consensuarlo”. Hoy.
Convocar a sesiones presenciales no solo sería un acto de congruencia. Sería también el gesto más poderoso para enviar un mensaje claro: el Tribunal vuelve a abrir las puertas, vuelve a rendir cuentas y vuelve a ser una institución pública en toda la extensión de la palabra.
Tamaulipas merece un órgano jurisdiccional electoral que no se esconda, que no simule y que no prolongue inercias que ya no tienen justificación alguna. Lo virtual cumplió su función en un momento crítico. Ahora toca regresar a la normalidad institucional.
Ojalá esta vez la promesa sí se cumpla. Porque si algo necesita la democracia tamaulipeca, es que la justicia electoral deje de operar en lo oscurito.
¿O no?
EL RESTO.
“TEMBLADERA” EN LA FISCALÍA.- Una vez que el nuevo fiscal general de justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, rindió protesta ante el Pleno del Congreso del Estado, ahora la interrogante que todos se hacen hacia dentro de la institución es ¿quiénes integrarán su equipo?
Por supuesto que, como consecuencia de ello el nerviosismo está a todo lo que da entre quienes tienen cargos de mando, y que albergan la esperanza de quedarse.
Seguramente antes de que termine el año esa incógnita habrá de despejarse.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com