CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
El borrón y cuenta nueva no resuelve nada.
Las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Tamaulipas vuelven a colocarse en el centro del debate público, no por avances en eficiencia ni por mejoras en el servicio, sino por una iniciativa legislativa que desnuda viejas fallas estructurales.
La propuesta, presentada la semana pasada por una diputada de Morena, plantea reformar la ley para permitir la condonación de adeudos por consumo de agua que tengan más de cinco años de antigüedad, acumulados durante años de omisiones administrativas.
En términos prácticos, se propone borrar una cartera vencida que asciende a miles de millones de pesos, resultado de la ineficiencia, la irresponsabilidad y, en muchos casos, la falta de voluntad para cobrar oportunamente el servicio.
No se trata de una deuda marginal ni excepcional. Prácticamente todas las COMAPAS del estado cargan con adeudos históricos que jamás lograron hacer efectivos y que se fueron acumulando con el paso del tiempo.
Durante años, los organismos operadores permitieron que la morosidad creciera sin control, mientras los sistemas de cobro permanecían obsoletos, la medición del consumo era deficiente y la administración se movía entre la improvisación y la tolerancia excesiva.
Visto desde el ángulo jurídico, la iniciativa tiene un sustento claro. La ley establece que los créditos fiscales prescriben, y que las deudas con más de cinco años de antigüedad ya no pueden ser exigidas legalmente.
Incluso sin reforma, esas obligaciones son hoy incobrables. La propuesta legislativa no crea esa realidad; simplemente la reconoce y la formaliza.
El problema, sin embargo, no está en la legalidad del planteamiento, sino en su alcance limitado. Condicionar el debate a la condonación es quedarse en la superficie del problema.
Borrar la deuda no equivale a corregir el sistema que la generó. Es, en el mejor de los casos, un alivio temporal que no atiende las causas profundas del colapso financiero de los organismos operadores.
Además, el mensaje que se envía es delicado. La condonación masiva puede interpretarse como una señal de que incumplir no tiene consecuencias reales, y que el paso del tiempo termina premiando la morosidad.
A ello se suma una omisión aún más grave: la iniciativa no viene acompañada de una estrategia paralela que impida que la historia se repita.
No se plantea una modernización integral de los mecanismos de cobro, ni el fortalecimiento de la medición del consumo, ni la profesionalización de la gestión administrativa.
Tampoco se proponen esquemas claros para diferenciar al usuario vulnerable del deudor sistemático, ni acciones firmes contra quienes, teniendo capacidad de pago, optaron por no cumplir.
Así, el perdón se convierte en el eje central de la política pública, sin condiciones, sin compromisos y sin contrapesos.
El riesgo es evidente. En pocos años, la cartera vencida volverá a crecer y el problema regresará con mayor fuerza, con organismos aún más debilitados y con menos margen de maniobra.
De nada sirve limpiar las cuentas hoy si no se garantiza que mañana el cobro será oportuno, transparente y eficiente.
La discusión de fondo debería centrarse en cómo transformar a las COMAPAS en organismos técnicamente sólidos, financieramente responsables y ajenos a la lógica política que históricamente las ha capturado.
Eso implica inversión en tecnología, reglas claras, autonomía de gestión y una rendición de cuentas real, no simulada.
Implica también decisiones impopulares, pero necesarias, para sanear estructuras que por años fueron utilizadas como botín administrativo o refugio de improvisaciones.
La condonación puede ser un punto de partida, pero nunca un punto de llegada.
Si el perdón no va acompañado de una reforma profunda, solo estaremos posponiendo el problema.
Y en materia de agua, postergar las soluciones siempre termina saliendo más caro.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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