CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La ficción de las “cero extorsiones”
Hay silencios que no absuelven, sino que delatan. Y hay cifras que, lejos de tranquilizar, despiertan sospechas. Tal es el caso de las recientes declaraciones del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, quien presumió —porque el verbo es ese— que durante el reciente periodo vacacional no se registró una sola denuncia por extorsión a paisanos durante su tránsito por el estado.
La afirmación, dicha así, con tono de logro institucional, pretende vender la idea de un camino limpio, seguro y libre de abusos. Un Tamaulipas donde, al parecer, los paisanos cruzan sin sobresaltos, sin mordidas, sin amenazas y sin miedo.
Pero la realidad, esa que no cabe en boletines ni en discursos complacientes, es mucho más incómoda. Porque la ausencia de denuncias no equivale, ni de lejos, a la ausencia de delitos.
Confundir el silencio con la inexistencia del problema es, cuando menos, una ligereza. Cuando más, una forma elegante de cerrar los ojos.
Basta asomarse a las redes sociales o a portales informativos como Noticentro.mx para encontrar otra narrativa: paisanos grabando con cámaras ocultas, documentando extorsiones, exhibiendo abusos y mostrando con crudeza lo que ocurre en carreteras y retenes.
Ahí están los videos. No como chisme, no como rumor, sino como evidencia visual. Testimonios que no llegaron al Ministerio Público, pero sí a la opinión pública.
Y es perfectamente entendible que no hayan llegado a una agencia ministerial. Pretender que un paisano, en tránsito hacia la frontera o de regreso a casa, se detenga a denunciar es desconocer por completo la realidad del sistema.
Denunciar implica tiempo. Y tiempo, para quien viaja con recursos contados, es dinero. Un día perdido puede significar noches extras de hospedaje, gastos no previstos y retrasos que pocos pueden permitirse.
En el mejor de los casos, una denuncia toma horas. En la práctica, puede consumir toda una jornada. Y nadie cruza miles de kilómetros para perderlos sentados frente a un escritorio burocrático.
Pero hay algo más grave que el costo económico: el miedo. El temor fundado a que denunciar empeore las cosas.
Porque no son pocos los que creen —y con razón— que levantar la voz puede traer represalias. Que señalar a un uniformado en carretera puede convertirse en una ruleta rusa institucional.
Por eso eligen grabar, exhibir y seguir su camino. No porque no confíen en la justicia, sino porque saben cómo funciona —o cómo no funciona—Decir entonces que no hubo extorsiones porque no hubo denuncias es una lectura cómoda, pero profundamente irresponsable.
Más aún cuando se trata de un fenómeno estacional, recurrente y ampliamente conocido. Cada diciembre y cada periodo vacacional, los paisanos se convierten en botín.
Es un secreto a voces que para muchas corporaciones, los paisanos representan una “temporada alta”. Su Navidad adelantada, por decirlo con suavidad.
Cobros por cualquier pretexto, revisiones interminables, faltas inventadas y amenazas veladas forman parte de un libreto repetido año con año.
La Guardia Nacional, por ejemplo, ha sido señalada en múltiples ocasiones por prácticas tan evidentes que ya no requieren intermediarios: retenes estratégicamente colocados con el único objetivo de detener y “centavear”.
Negar esta realidad no la desaparece. Solo la normaliza.
Y lo preocupante no es solo que se diga, sino que se presuma. Como si la estadística fuera más importante que la experiencia de las víctimas.
Como si el número en ceros borrara los videos, los testimonios y el hartazgo acumulado.
Un funcionario de seguridad debería saber que los delitos no siempre se denuncian. Y que, precisamente por eso, la política pública debe ir más allá de los expedientes.
Medir la seguridad solo por denuncias presentadas es medir la fiebre con el termómetro apagado.
Si de verdad se quiere proteger a los paisanos, el primer paso es reconocer el problema, no maquillarlo.
Porque mientras se presume que “no pasó nada”, en la carretera alguien vuelve a pagar por seguir su camino. Y ese silencio, lejos de ser éxito, es la más clara señal de fracaso.
Si de verdad existiera la voluntad de combatir y prevenir las extorsiones, las autoridades tendrían alternativas viables y concretas. Una de ellas sería habilitar agencias del Ministerio Público rodantes, o instalar módulos ministeriales en puntos estratégicos de las carreteras, que permitan a las víctimas denunciar de manera inmediata y exprés, sin perder un día de viaje ni exponerse a mayores riesgos.
¿O no cree usted?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com