Por José Gregorio Aguilar
Jueces deberán explicar sus sentencias en lenguaje claro a la ciudadanía
El magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar, presidente de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar consideró que uno de los principales retos que enfrentará el Poder Judicial con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será acercar la justicia a la ciudadanía mediante un lenguaje más claro y comprensible.
Señaló que socializar la justicia implica que las personas conozcan sus derechos, pues solamente de esa manera pueden ejercerlos y defenderlos de manera adecuada.
Explicó que la entrada en vigor del nuevo modelo procesal transformará la forma tradicional de impartir justicia, ya que se pasará de un sistema predominantemente escrito a uno con mayor presencia de audiencias orales.
Sánchez Salazar indicó que, bajo este esquema, las partes deberán acudir directamente ante los tribunales para participar en las audiencias preliminares y de juicio, donde los asuntos serán expuestos y analizados de manera presencial frente al juzgador.
El magistrado destacó que este cambio permitirá a los ciudadanos observar de manera directa cómo se desarrolla un procedimiento y cómo se toman las decisiones judiciales.
Sin embargo, reconoció que ello también representa un desafío para jueces y magistrados, quienes deberán comunicar sus resoluciones en términos sencillos y alejados de los tecnicismos jurídicos que durante años han caracterizado al sistema judicial.
Explicó que el nuevo modelo contempla que, además de emitir una sentencia, las autoridades jurisdiccionales expliquen a las partes las razones que motivaron su decisión, de manera que comprendan con claridad los argumentos utilizados.
«Las personas deben entender quién ganó, quién perdió y por qué se resolvió de esa manera», señaló al referirse a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
A manera de conclusión, el juzgador sostuvo que la verdadera socialización de la justicia no sólo implica abrir las puertas de los tribunales, sino garantizar que los ciudadanos comprendan los procedimientos y las determinaciones que impactan directamente en sus derechos.