Altamira aprueba Ley de Egresos 2026 entre tensiones técnicas, vigilancia reforzada y un viraje institucional
Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx | Altamira, Tamps.- El Cabildo de Altamira aprobó por mayoría la Ley de Egresos 2026, un paquete financiero de mil 962 millones de pesos —3.97 % más que el año anterior— que confirma la ruta de una administración orientada al control institucional, a la profesionalización del gasto público y a un modelo de seguridad con vigilancia reforzada. La sesión de cabildo número 32, marcada por tres votos en contra y una abstención, volvió a exhibir el pulso político y técnico alrededor del manejo de recursos en un municipio que intenta sostener su recuperación económica, reputacional e interna. El presupuesto asigna 500 millones de pesos a obra pública, un monto que supera por amplio margen lo aprobado en 2021. El alcalde Armando Martínez Manríquez lo interpreta como el punto más visible de un proceso de reconstrucción institucional basado en la confianza ciudadana y en la eliminación de prácticas que deterioraron por años la credibilidad municipal. Esa transformación, afirma, permitió no solo restablecer la movilidad segura dentro del municipio, sino reactivar el tránsito de vehículos extranjeros que durante una década evitaron pasar por Altamira debido a alertas emitidas en Estados Unidos. “Hoy las caravanas americanas pasan nuevamente rumbo a Centroamérica”, sostuvo. “La ciudad recuperó la certidumbre”. Ante ello, entre los componentes más sensibles del presupuesto sobresale la partida destinada a instalar un centro de monitoreo de operación para Tránsito y Vialidad. El sistema activará automáticamente las cámaras corporales de los agentes, impedirá que sean desactivadas y generará un registro continuo de detenciones, multas y movilización de unidades. El delegado de Tránsito, Santiago Cerecedo, ya había anticipado la necesidad urgente de esta medida para impedir espacios de discrecionalidad operativa. Con la aprobación del presupuesto, el centro será implementado en 2026 como uno de los ejes centrales para blindar la actuación de los servidores públicos.
LA MIRADA TÉCNICA DEL TESORERO: TENSIONES PREVISIBLES, CONTROL NORMATIVO Y LA INVITACIÓN A REUNIONES CON EL CABILDO
Mientras el alcalde proyecta el cambio institucional como eje dentro de la política interna, el tesorero municipal, Regino Vázquez Vega, reivindica el carácter estrictamente técnico del proceso. Asegura que la sesión de Cabildo no fue un tema de confrontación, sino un reflejo natural de un ejercicio presupuestal más exigente, donde los regidores demandaron —dice— precisiones válidas dentro del marco de control del gasto. “Es un muy buen equipo de regidores, excelentes, preparados”, afirmó en entrevista. “Sus solicitudes no son cuestionamientos en contra; son parte de la información que deben recibir. Es su responsabilidad, y la están cumpliendo”. Vázquez detalló que muchas de las dudas planteadas versaron sobre conceptos como el clasificador por objeto del gasto, las partidas presupuestales y las adecuaciones internas, temas que, por su nivel de especialización, suelen generar discusión. Pero esto, subrayó,
no implica desconocimiento: es parte del proceso normal de revisión. El tesorero también reconoció que algunos señalamientos administrativos están asociados a tiempos de entrega o a ajustes derivados de los procesos de armonización contable, no a supuestas irregularidades. Por ello, hizo un llamado a instalar mesas de análisis previas, donde los regidores puedan revisar documentos técnicos sin la presión temporal ni el formato rígido de la sesión. “Esa revisión detallada debe hacerse fuera del Cabildo”, dijo. “Ahí podemos entrar a fondo en los números, explicar cada variable, cada partida y cada destino del gasto”. Por otra parte, Vázquez enfatiza que el presupuesto 2026 surge de un escenario proyectado con disciplina financiera: estimación realista de ingresos municipales, cálculo moderado de participaciones federales y planeación de obra pública sin recurrir a endeudamiento. También explicó que el municipio mantiene una política de pago puntual a proveedores y una estructura de control interno que reduce riesgos de observaciones futuras. Asegura que el análisis fue diseñado bajo los criterios del marco jurídico aplicable: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y normatividad estatal, lo que —dijo— garantiza que cada capítulo presupuestal esté alineado a objetivos verificables. De acuerdo con el tesorero, el verdadero reto no está en la aprobación del presupuesto, sino en su ejecución: mantener la transparencia, evitar desviaciones y sostener la confianza ciudadana, un activo que considera “no contable, pero determinante”.
UN MUNICIPIO BAJO OBSERVACIÓN, UNA ADMINISTRACIÓN QUE BUSCA COHESIÓN
La narrativa institucional de Altamira se sostiene en tres ejes: congruencia, transparencia y confianza. Mientras la oposición minoritaria mantiene su derecho de escrutinio, la administración defiende la idea de un gobierno cohesionado, capaz de absorber tensiones y convertirlas en procesos de revisión técnica. Para 2026, Altamira se proyecta con un presupuesto récord, un modelo de vigilancia sin precedentes y un sistema de control financiero más robusto. El desafío, reconocen tanto alcalde como tesorero, será demostrar —en la práctica, obra por obra, acción por acción— que la ciudad no solo presume estabilidad, sino que es capaz de sostenerla.