Cacería de motos: entre la extorsión y el voto

El Patinadero

Juan Antonio Montoya Báez

Cacería de motos: entre la extorsión y el voto

Lo que nació como una estrategia de seguridad ciudadana en Ciudad Victoria se pudrió en el camino.

Los operativos contra motociclistas y autos “chocolates”, diseñados supuestamente para frenar a la delincuencia, se convirtieron en una licencia oficial para el asalto.

Hoy, los agentes de tránsito municipales y estatales no buscan criminales; buscan víctimas con casco.

Hace días por la noche la escena fue patética: un humilde vendedor ambulante, de esos que recorren las calles con un triciclo motorizado adaptado, fue cercado por el retén.

Su “delito” era no tener placas ni licencia, una falta administrativa que en manos de la autoridad se transforma en un drama humano.

Mientras el comerciante imploraba piedad para sus vitrinas llenas de fruta y frituras, los agentes exhibían esa insensibilidad burocrática que solo aparece cuando hay una “mordida” de por medio o una cuota que llenar.

Es de una ingenuidad criminal pensar que en el corralón de Tránsito se respetaría la mercancía perecedera del vendedor.

Si en esos patios “vuelan” llantas, baterías y refacciones, ¿qué esperanza tienen unos tostitos o un vaso de fruta?

El operativo perdió su brújula. Se supone que iban tras las bandas que usan motos sin placas para extorsionar y delinquir, pero terminaron “atorando” a trabajadores como José, un chalán de taller que vive al día y para quien recuperar su herramienta de trabajo significa empeñar el salario de tres semanas.

Entre placas, licencia y exámenes, la factura asciende a los 2 mil pesos, una cifra prohibitiva para miles de familias victorenses que hoy viven bajo una campaña de terror vial.

Actualmente, los patios de la delegación de Tránsito son un cementerio de más de dos mil motocicletas. Muchas jamás saldrán de ahí; el costo del rescate supera el valor de la unidad o la capacidad económica de quienes aún las deben a Coppel o Elektra.

Lo que debería ser una acción de orden se ha degradado a un mecanismo de cobranza coercitiva y extorsión descarada.

¿Dónde están los resultados de seguridad? ¿Cuántos delincuentes con armas o drogas han caído en estos retenes? Las autoridades guardan silencio porque el único dato que crece es el de la recaudación. Sin embargo, se les olvida un factor en la ecuación: el costo político.

En tiempos de crisis, abusar del bolsillo del ciudadano más vulnerable tiene consecuencias. Si no hay una tregua, una campaña de advertencia o un plazo real para el emplacamiento, el operativo pasará factura en las urnas.

Las autoridades deberían evaluar si los millones recaudados valen la pena, porque al final del día, lo que están sembrando son votos contra las motos. Ciudad Victoria anda escasa de dinero y “chimuela” de paciencia; no tiente más a la suerte.

Hasta hoy no hemos escuchado a los diputados locales o los aspirantes salir en defensa de los motocilistas, decíamos que la corporación de tránsito estatal fue creada para asaltar cuando fue aprobada en el Congreso del Estado y por desgracia no nos equivocamos.

Los retenes en la entrada a ciudad Victoria sólo buscan un poco de cariño verde o de perdido un doscientón.

Ayer, la Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, que dirige Arlet Fuentes Gallegos, llevó a cabo la conferencia “Ministras de Culto y su Rol Fundamental en las Asociaciones Religiosas”, dirigida a mujeres que desempeñan funciones como ministras de culto, representantes legales o integrantes de agrupaciones y asociaciones religiosas.

La conferencia fue impartida por MÓNICA ISABEL JUÁREZ CHAVIRA, ministra de Culto de la Iglesia Cristiana Edificadores, quien compartió experiencias y reflexiones sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres en las asociaciones religiosas, así como su contribución en la construcción de comunidades más solidarias y participativas.

Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…

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