Hipódromo Político
Por Carlos G. Cortes García

Durante su gira de trabajo ayer por Reynosa, el Gobernador de Tamaulipas lanzó un llamado al Gobierno Federal, dado que Tamaulipas es uno de los estados que a nivel nacional aporta una gran cantidad de recursos al Gobierno Federal, y, por ende, al resto de las entidades del país, sobre todo a aquellas más pobres y con menor recaudación. El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió al gobierno federal reciprocidad en atención en infraestructura para la entidad.

Para darse una idea de lo que este llamado representa, permítame decirle que Tamaulipas es el octavo estado con mayor Inversión Extranjera Directa y que genera el 26 por ciento de los ingresos de las aduanas del país. Es decir, Tamaulipas aporta más de la cuarta parte de los recursos que México recibe por concepto de comercio exterior, importaciones y exportaciones. De los 900 mil millones de pesos que el país recibe por este concepto anualmente, Tamaulipas contribuye con 250 mil millones de pesos, lo que significa muchos dineros que van a parar a las arcas de la federación.

Y es esa, precisamente, la razón por la cual el Gobernador de Tamaulipas pide reciprocidad del gobierno federal en obras para la entidad como puertos, aeropuertos, carreteras y demás obras de infraestructura en la entidad.

Y puntualizó el mandatario Cabeza de Vaca: “los tamaulipecos lo merecemos, merecemos mayores recursos para sacar adelante a un estado que hoy en día está reconocido como el estado energético por excelencia, el de comercio exterior más importante del país y por eso simplemente pedimos reciprocidad ni más pero tampoco menos”.

Pero, ¿qué es la Ley de Coordinación Fiscal? Es el instrumento que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. ​

La concurrencia de facultades tributarias de la Federación y el de los Estados, no es la solución deseable para buscar un equilibrio y una plena justicia en el ejercicio de la potestad tributaria de dichas esferas de gobierno, pues se trata de un asunto que desde la Constituyente hasta nuestros días no se ha logrado resolver, al no delimitar campos exclusivos de imposición de gobierno nacional y provincial.

A excepción de la Ciudad de México, todos los Estado Federales perciben de la federación más del 80%de sus ingresos totales, lo cual encamina al Sistema Federal Constitucional a un centralismo fiscal, lo que en este momento político de plena democracia no concuerda con la nación que estamos queriendo construir los mexicanos.

Y si me lo permite, yo soy un ferviente creyente de que a la brevedad debe revisarse el Convenio de Coordinación Fiscal para actualizarlo y que a cada quien le toque lo que se merece.

Igualmente, así lo piensa la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, quien propuso ya al gobierno federal convocar este año a una Convención Nacional Hacendaria, debido a que la actual ya no funciona, pues fue diseñada para el México de los años cuarenta’s del siglo pasado.

El presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, consideró impostergable la revisión del convenio de coordinación fiscal que rige el cobro de contribuciones y determina la distribución de los ingresos fiscales, pues aseguró que no responde a la realidad actual del país.

Este convenio se diseñó hace décadas, de cara a un México del siglo XX que ya se fue, donde no existían contrapesos al gobierno federal, con gobiernos locales y municipales de organización precaria, y desde entonces, no ha habido un ajuste significativo, más allá de las fórmulas diseñadas a finales de los años setentas.

Y continua la COPARMEX: “Exhortamos al gobierno federal a convocar en 2019 a una Convención Nacional Hacendaria de forma que se discutan base cero, el nuevo régimen de las competencias tributarias, y los modelos para determinar la distribución de los recursos fiscales de forma más justa, entre los distintos órdenes de gobierno, y entre las distintas entidades federativas”.

Y es que se deben discutir y actualizar sin dogmas, los principios, valores y fines de un renovado federalismo fiscal y en contrapartida, diseñar nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas, en los tres órdenes de gobierno quienes son corresponsables en la construcción de un país más próspero, lo que presupone contar con finanzas sanas.

El financiamiento público no puede ser víctima de visiones de corto plazo, ni presa de intereses políticos personales, partidistas ni de grupo, y por ello, el modelo fiscal requiere modernizarse a la brevedad, apegándose a las actuales condiciones de México.

Pero ni el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ni la COPARMEX son los únicos personajes que han pedido la realización de una Convención Nacional Hacendaria y la revisión del Pacto de Coordinación Fiscal. Ya ha habido otras voces, como la del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado quien, en el marco del arranque del programa de la zona libre de la frontera norte, propuso al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador convoque a una reunión de carácter fiscal. El mandatario chihuahuense señaló que es urgente revisar el convenio de coordinación fiscal y retribuirle a Chihuahua los recursos en base a su contribución a la federación.

No hay que perder de vista que el actual gobierno federal debe impulsar, en coordinación con las entidades federativas y con los organismos del sector privado, el crecimiento económico, mejorar la competitividad del país, incentivar las inversiones y aumentar la recaudación fiscal sin incrementar impuestos ni crear nuevos. A la par, deberá fortalecer el mercado laboral y disminuir la informalidad, flagelo que le cuesta al Producto Interno Bruto nacional 22.6 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Urge, pues, que el presidente de México convoque a la revisión y actualización del Pacto de Coordinación Fiscal, pero un pacto basado en la democracia, la representatividad y el respeto a los otros poderes de la unión y a las entidades de la república, que sea equitativo y garantice retribuir a cada quien lo que le corresponde. Necesitamos un nuevo pacto federal que dé certidumbre y garantice el tránsito de México a mejores niveles de vida para todos. Ojalá sea pronto. Ojalá y sea ya.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

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