Ambos políticos estuvieron relacionados en escándalos de corrupción, pero ella está presa, mientras que él se encuentra en libertad
Por Claudia Ramírez
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez que no se tolerará la corrupción en su gobierno y caerá todo el peso de la Ley a quien incurra en ella, ha quedado demostrado que para el gobierno de la Cuarta Transformación el castigo a la corrupción se maneja de forma discrecional. Y para muestra bastan dos botones: los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya.
Ambos personajes fueron destacados funcionarios del sexenio del priista Enrique Peña Nieto y los dos están involucrados en escándalos de corrupción; ella por el caso de la Estafa Maestra, y él por recibir sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht y por cometer diversos casos de corrupción que desfalcaron gravemente a Pemex.
Rosario Robles Berlanga fue Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Peña Nieto. En septiembre de 2017, una investigación periodística reveló que a través de la Sedesol, la Sedatu y otras dependencias entre las que también se encuentra Pemex, se había realizado el desvío de 5,073 millones de pesos mediante la triangulación de recursos hacia diversas universidades y empresas fantasma.
Aunque la revelación causó un temblor dentro de la política y la sociedad mexicana, nada pasó en lo que restó del sexenio, hasta que llegó el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Fue entonces que vino el primer golpe al sexenio anterior: una acusación contra Robles Berlanga, quien durante años fue un personaje cercano a López Obrador. Pero Rosario estuvo involucrada en la filtración de videos en los que el empresario argentino Carlos Ahumada otorgaba sobornos a funcionarios de la capital, entre ellos René Bejarano (esposo de Dolores Padierna y colaborador cercano de López Obrador, cuando éste era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero acusó a Rosario Robles de desvío de recursos. Robles Berlanga aseguró que era inocente y se presentó ante un juez para declarar. Se trataba del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna.
La ex titular de la Sedesol y la Sedatu se presentó a dos audiencias. Durante la última, ocurrida el 12 de agosto de 2019, Rosario Robles aseguró que sí avisó al entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades y desvíos de recursos en la Sedesol y la Sedatu, por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
En la audiencia que se prolongó hasta la mañana del 13 de agosto, el juzgador argumentó que Robles sí supo de las irregularidades en la Sedesol y Sedatu, y que, lejos de hacer algo para evitarlas, tácitamente las permitió. E incluso, dijo, los servidores públicos que realizaron los convenios irregulares con las universidades eran sus colaboradores cercanos, principalmente el oficial mayor Emilio Zabadúa, a quien nunca castigó y por el contrario lo llevó con ella a la Sedatu.
Fue entonces que el juez determinó vincular a Rosario Robles a proceso por el ejercicio indebido del servicio público y ese mismo día fue llevada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, toda vez que el juez consideró que había riesgo de fuga por parte de la ex funcionaria, ya que -aseguró- no tiene arraigo en la Ciudad de México, ha mentido respecto a sus domicilios y tiene la capacidad económica de esconderse.
Desde ese momento, Rosario Robles ha asegurado que todo se trata de una revancha política y que se han enseñado con ella por ser mujer. Pese a que ha intentado llevar su proceso en libertad, ya cumplió un año en prisión.
Este miércoles 26 de agosto, la Fiscalía General de la República solicitó una pena de 21 años en contra de Rosario Robles por el delito de omisión ante el desvío de más de 5,000 millones de pesos durante su gestión en la Sedatu y la Sedesol.
Además, las autoridades también solicitaron una multa económica de 450 días, de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, que contempla el delito del ejercicio indebido del servicio público, así lo señaló el portal Animal Político. El monto de la multa sería acorde al salario que Robles percibía como secretaria, por lo que ascendería a cerca de 2.5 millones de pesos.
Emilio Ricardo Lozoya Austin fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fue en el 2015 cuando una investigación realizada en 12 países, entre ellos México, reveló que el gigante de la construcción brasileña Odebrecht, había repartido sobornos millonarios a funcionarios de esas naciones con tal de obtener jugosos contratos.
Directivos de la empresa aseguraron que en México, los sobornos fueron entregados a Lozoya Austin a cambio de que le fuera entregada la licitación para remodelar la refinería ubicada en Tula, Hidalgo.
A pesar de que en las naciones involucradas hubo políticos e incluso presidentes llevados a prisión por esos hechos, en México nada pasó. Lozoya Austin se limitó a negar las acusaciones, pero tuvo que renunciar a la dirección de Pemex.
Luego de unos meses, Emilio Lozoya huyó del país, pero desde el extranjero, acusó al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de estar involucrados en la trama de Odebrecht y en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, que dejó un grave boquete en las finanzas de Petróleos Mexicanos.
Una vez que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, comenzó la búsqueda de Lozoya Austin, por lo que se emitió una ficha de Interpol para su localización.
El ex director de Pemex fue detenido el pasado 12 de febrero en una residencia de lujo ubicada en Málaga, España. Tras permanecer cinco meses en una cárcel de Madrid, Lozoya Austin aceptó ser extraditado a México. Pero para ello -señalan versiones periodísticas-, negoció con el gobierno mexicano: prometió la cabeza de Peña Nieto y Luis Videgaray, a cambio de obtener el llamado criterio de oportunidad, un beneficio legal.
Lozoya Austin llegó a México el pasado 17 de julio a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de un show mediático en el que la Fiscalía General de la República usó a un doble del ex director de Pemex para simular que iría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal por una supuesta “anemia severa”.
Desde ahí enfrentó dos audiencias: la primera relacionada con la compra de Agronitrogenados y la segunda con el caso Odebrecht. Lozoya no solo se declaró inocente, sino que dijo ser víctima de un “aparato de poder” y expresó su “compromiso de colaborar con las autoridades”.
Aunque la Fiscalía pidió su imputación por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, evitó solicitar la prisión preventiva al exdirector de Pemex. Pese a que fue vinculado a proceso, obtuvo el beneficio de enfrentar su proceso en libertad sólo usando un brazalete electrónico para evitar su huída.
Días después, Lozoya abandonó el hospital y parecía desaparecido del mapa hasta que el martes 11 de agosto, el Fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que Lozoya Austin había presentado una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por el caso Odebrecht.
Luego se “filtraron” la declaración de Lozoya ante la FGR así como un video en el que se veía a colaboradores de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), recibiendo millones de pesos como sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética, la denominada joya de la corona del paquete de reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto.
Las diferencias
El manejo de los dos casos ha sido distinto por parte del gobierno de López Obrador. Mientras que el partido del presidente (Morena) aprobó en el Congreso inhabilitar a Robles para ejercer cargos públicos, el mandatario mexicano ha defendido que Lozoya reciba “ciertas consideraciones” a cambio de revelaciones.
El pasado 11 de agosto, dos días antes de que Rosario Robles cumpliera un año en prisión, el propio fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que Robles Berlanga continúa presa por no tener una “conducta solidaria con el Estado mexicano”, mientras que la libertad condicional de Emilio Lozoya, es consecuencia de su cooperación con la justicia mexicana.
La defensa legal de Rosario Robles reaccionó y aseveró que “el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía”.
“Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer ‘colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, señalaron.
Indicaron que los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los derechos de imputado. En este se señala en la fracción I que la imputada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad por los hechos de los que es acusada.
Además en la fracción XIV se señala que no puede ser expuesta a los medios de comunicación y en la XV que no debe presentarse ante la comunidad como culpable sin que se haya determinado así.
Los abogados de Rosario Robles señalaron que las declaraciones de Gertz Manero son una afrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia y reiteraron que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión.
