CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
El desafío de refundar la justicia en Tamaulipas.
No hay duda: la historia del Poder Judicial de Tamaulipas se partió en dos este 30 de septiembre.
La toma de protesta de 147 nuevos juzgadores –magistradas, magistrados, juezas y jueces– marca el inicio de una etapa inédita en la impartición de justicia en la entidad.
En la cúspide de este proceso aparece Tania Gisela Contreras López, quien asume la presidencia del Poder Judicial con un discurso que recoge los reclamos más antiguos de la sociedad tamaulipeca: dignidad, justicia efectiva, cero corrupción e independencia.
“Nuestro compromiso es transformar al Poder Judicial para que la justicia se convierta en un verdadero instrumento de dignidad humana”, dijo ante el Pleno del Congreso. Una frase que, si se cumple, puede cambiar el rostro de la justicia en este estado.
El acto no fue menor. A la sesión solemne asistieron el gobernador Américo Villarreal Anaya, legisladores locales, así como el presidente saliente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez. El mensaje estaba claro: se trata de una refundación institucional que no admite titubeos.
Contreras López fue enfática: en el nuevo tribunal de disciplina “ningún acto de corrupción quedará sin castigo”. Son palabras que suenan firmes y que generan esperanza, aunque también despiertan la exigencia de que no se queden en retórica.
La justicia en Tamaulipas arrastra un historial de descrédito difícil de borrar. Expedientes empolvados, juicios interminables y sentencias sospechosas de favoritismo convirtieron al sistema judicial en una institución lejana y desprestigiada.
Esa herencia no es menor. Durante años, los juzgados fueron vistos como refugio de intereses políticos, donde el poder y el dinero valían más que la razón y el derecho.
Contreras lo reconoció: la justicia estuvo reservada para quienes podían pagarla o tenían vínculos con las élites políticas y económicas. El resultado fue una profunda desigualdad y una confianza social severamente erosionada.
De ahí que su promesa de devolverle a la justicia su carácter de derecho efectivo, abierto y cercano a la gente, haya resonado como un compromiso impostergable.
La magistrada presidenta no rehuyó a las responsabilidades inmediatas. Anunció la creación del primer observatorio ciudadano de justicia en Tamaulipas, un mecanismo que permitirá a la sociedad vigilar y participar en las decisiones judiciales.
También planteó atacar el rezago mediante la modernización de procesos, la incorporación de nuevas tecnologías y un fortalecimiento de los recursos humanos. Son medidas necesarias para un sistema que se ha quedado rezagado frente a las exigencias del presente.
Cada audiencia, cada sentencia y cada acuerdo—dijo— deben asumirse con enfoque humanista, porque ahí se deciden vidas y destinos.
El planteamiento no es menor. Implica reconocer que la justicia no puede seguir siendo un trámite frío ni un expediente que duerme en un archivero. Debe ser una herramienta viva para resolver los problemas de las personas.
Es justo reconocerlo: entre los nuevos juzgadores hay profesionales del derecho con trayectoria y experiencia, juristas que dan seriedad y fortaleza al nuevo andamiaje judicial. Esa es la parte alentadora.
Sin embargo, el reto es monumental. El pueblo de Tamaulipas no quiere discursos, sino resultados. Quiere juicios más rápidos, sentencias más confiables y un tribunal que no se arrodille ante los poderosos.
El margen de error es mínimo. Si el nuevo Poder Judicial no demuestra pronto que está a la altura, la ilusión puede transformarse en frustración.
Por eso, más que nunca, es momento de convertir las palabras en hechos. De mostrar que la refundación de la justicia no es un simple cambio de nombres, sino un cambio de fondo.
Porque si algo necesita Tamaulipas con urgencia, es un Poder Judicial confiable, eficaz y libre de corrupción. Y esa es la misión que comienza hoy.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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