Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 16 de noviembre.- Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos tendrán nuevas reglas de investigación en Tamaulipas, luego de que el Congreso local aprobó modificaciones legales para establecer plazos, ordenar los procedimientos y evitar que los expedientes permanezcan abiertos sin información suficiente.
La reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, promovida por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, establece que las autoridades investigadoras podrán requerir información adicional cuando una denuncia no contenga elementos suficientes para continuar con las indagatorias, siempre que sea posible localizar a quien la presentó.
A partir de ese requerimiento, la persona denunciante tendrá diez días hábiles para completar la información solicitada. Si no responde dentro del plazo, la autoridad podrá archivar el expediente, aunque la investigación podrá retomarse si posteriormente aparecen nuevas pruebas que justifiquen continuar con el caso.
El cambio también busca frenar las denuncias evidentemente frívolas, mejorar los mecanismos de notificación y establecer condiciones más precisas para determinar cuándo procede concluir una investigación, sin cancelar la posibilidad de presentar señalamientos de manera anónima.
“En Tamaulipas necesitamos instituciones que investiguen con certeza y objetividad, que rindan cuentas y que garanticen que ninguna denuncia quede sin atención o inconclusa”, expuso Vargas Fernández al defender las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo.
Otro de los aspectos contemplados es garantizar que las personas denunciantes conozcan los mecanismos para consultar los expedientes correspondientes, conforme a las disposiciones legales, además de establecer reglas que permitan a las autoridades actuar con mayor claridad durante cada etapa de la investigación.
El diputado sostuvo que los cambios buscan equilibrar la eficiencia de las instituciones con el respeto a los derechos de todas las personas involucradas, al considerar que los procedimientos administrativos deben ofrecer condiciones claras para investigar posibles responsabilidades.
“Combatir la corrupción exige instituciones eficientes, pero también procedimientos claros que garanticen transparencia y respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, afirmó.
Añadió que la identidad de quienes denuncien permanecerá protegida y bajo reserva de las autoridades investigadoras, para evitar que las nuevas disposiciones se conviertan en un obstáculo para reportar posibles actos de corrupción.
