ENTRE LA ÉTICA Y EL PODER
Columna: Conciencia Ciudadana
Por: Luis Armando González Isas
La política mexicana atraviesa un momento en el que la exigencia ciudadana parece ir por un camino distinto al de muchos actores públicos. Mientras los escándalos, las investigaciones y las disputas por las candidaturas ocupan los titulares, diversos sectores de la sociedad comienzan a colocar nuevamente sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué tipo de gobernantes necesita México?
El caso del empresario Gerardo Sánchez Zumaya es un ejemplo de ello. Más allá de que toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme, el simple hecho de que un aspirante llegue a un proceso político rodeado de señalamientos e investigaciones genera un inevitable desgaste para cualquier proyecto. Hoy, la ciudadanía ya no solo observa quién puede ganar una elección; también pregunta quién puede gobernar con autoridad moral.
En ese contexto cobra relevancia el reciente mensaje del papa León XIV, quien recordó que la fe no puede separarse del ejercicio de la responsabilidad pública. Su llamado estuvo dirigido a los políticos católicos, exhortándolos a actuar con coherencia entre los principios que profesan y las decisiones que toman, especialmente en la defensa de la vida y de la dignidad humana. Más allá de las creencias religiosas de cada persona, el fondo del mensaje apunta a un principio universal: el poder debe ejercerse con congruencia ética.
Curiosamente, una inquietud similar surgió en Ciudad Victoria. Jóvenes de la Asociación Cristiana Juntos Somos Mejor realizaron una consulta entre miembros laicos de distintas iglesias evangélicas para definir el perfil del candidato ideal. Sus respuestas no sorprendieron: exigieron gobernantes con temor de Dios, honestidad, transparencia, cero corrupción, rechazo al nepotismo, defensa de la vida y de la familia, además de disposición para rendir cuentas y transparentar su patrimonio.
No se trata de imponer una religión en la política, sino de reconocer que una parte importante de la sociedad sigue considerando que los valores personales sí importan al momento de ejercer el poder. En una democracia laica, los ciudadanos tienen pleno derecho a evaluar a sus representantes también desde una perspectiva ética.
En contraste, mientras el debate nacional gira en torno a expedientes judiciales, acusaciones y conflictos internos por las candidaturas, instituciones como la Universidad Autónoma de Tamaulipas buscan proyectar un mensaje distinto. El rector Dámaso Anaya sostiene que la estabilidad financiera, la transparencia y la rendición de cuentas han permitido fortalecer la infraestructura, ampliar los servicios y consolidar el crecimiento de la institución. Si bien estas afirmaciones deben respaldarse con resultados verificables, el discurso coloca sobre la mesa conceptos que también reclama la ciudadanía: buena administración, transparencia y responsabilidad.
Quizá ahí se encuentre el verdadero punto de coincidencia entre estos hechos aparentemente aislados. Un empresario cuestionado por investigaciones, un Papa que llama a la coherencia moral, jóvenes que exigen políticos íntegros y una universidad que presume finanzas sanas hablan, en el fondo, del mismo tema: la confianza.
La confianza no se construye únicamente con discursos ni con campañas publicitarias. Se gana con conductas, con transparencia, con rendición de cuentas y con la congruencia entre lo que se promete y lo que se hace. México enfrenta elecciones cada vez más competidas, ciudadanos más informados y una sociedad menos dispuesta a tolerar la corrupción.
Al final, la pregunta ya no es quién tiene más posibilidades de llegar al poder. La verdadera interrogante es quién posee la credibilidad suficiente para ejercerlo. Porque los cargos públicos son temporales, pero la confianza ciudadana, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar.
Por hoy es todo, y nos leemos en la próxima si el Primerísimo nos lo permite.
ENTRE LA ÉTICA Y EL PODER
