ENTRE LA SOSPECHA Y LA LEGALIDAD
Columna: “Conciencia Ciudadana”
Por: Luis Armando González Isas
En los últimos días, dos temas distintos han coincidido en el debate público: el escrutinio sobre el origen de recursos en un evento privado y los alcances del poder del Estado para intervenir en las finanzas de los ciudadanos. Ambos casos, aunque separados, revelan una misma tensión: la del combate a la corrupción frente al respeto a las garantías individuales.
Por un lado, el director de Petróleos Mexicanos confirmó que se solicitó una investigación contra la madre de una joven en Tabasco, luego de que una fiesta de XV años se volviera viral por su aparente lujo. La mujer, trabajadora sindicalizada con más de tres décadas en la empresa, quedó bajo el escrutinio público y administrativo, ante dudas sobre el origen de los recursos utilizados.
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no habrá tolerancia a la corrupción. La instrucción es verificar si existió o no uso indebido de recursos públicos. La revisión estará en manos de instancias como la Secretaría Anticorrupción y órganos internos de control.
Hasta aquí, el mensaje político es contundente: cualquier indicio debe investigarse. Sin embargo, también abre una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la presión mediática puede detonar investigaciones que aún no tienen evidencia concluyente?
En paralelo, otro caso exhibe una arista distinta del mismo problema. Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera descongelar las cuentas del exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien enfrenta procesos penales activos.
El fallo no lo absuelve ni cambia su situación jurídica, pero sí le devuelve el acceso a recursos que permanecían bloqueados desde 2019. ¿La razón? Una deficiencia en la construcción legal del bloqueo original. En ese momento, la UIF actuó con base en una investigación nacional, sin respaldo de cooperación internacional, lo que según la jurisprudencia vigente entonces hacía improcedente la medida.
El juez aplicó un criterio que, irónicamente, fue modificado apenas un día después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal resolvió que la UIF sí puede congelar cuentas aun en casos de origen nacional, siempre que existan indicios suficientes de operaciones ilícitas.
Aquí aparece un elemento clave: el tiempo. La resolución judicial que benefició a Yarrington se emitió bajo reglas que dejaron de existir 24 horas después. En derecho, eso es determinante. Pero en percepción pública, genera desconcierto.
El nuevo criterio de la Corte amplía las facultades del Estado. Ahora, la UIF puede actuar sin orden judicial previa, bajo un esquema preventivo. La intención es clara: combatir el lavado de dinero con mayor eficacia. El riesgo también lo es: debilitar el principio de seguridad jurídica si no se aplican controles adecuados.
Ambos casos, el de la investigación en Pemex y el de las cuentas desbloqueadas, colocan sobre la mesa una misma reflexión.
El combate a la corrupción no puede depender únicamente de la sospecha ni de la presión social. Pero tampoco puede quedar atrapado en vacíos legales que permitan evadir responsabilidades.
El verdadero reto está en encontrar el equilibrio.
Porque un Estado fuerte no es solo el que investiga o sanciona, sino el que lo hace con legalidad, precisión y justicia.
Y en ese terreno, cada decisión ya sea administrativa, judicial o política termina construyendo algo más grande que un caso aislado: la confianza o la desconfianza de toda una sociedad.
Por hoy es todo, pero no sin antes comentar sobre el gran evento evangélico que tuvo lugar en el Auditorio de Asambleas de Dios en esta ciudad capital, impulsado por una agrupación que, aunque trabaja muchas veces en silencio, ha venido realizando una labor significativa en favor de la sociedad mexicana, dejando ver que la fe también se traduce en acciones concretas que impactan positivamente a la comunidad.