Ciudad de México.- El 2019 fue uno de los años más sangrientos de asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) que registró 170 homicidios, de los cuales sólo 68 fueron tipificados como feminicidios y otros más como suicidios.
De acuerdo con la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), las investigaciones que se realizan en este momento por los policías de investigación están mal enfocadas debido a que muchas tienen todos los rastros para ser feminicidio.
Así lo asegura María de la Luz Estrada, coordinadora del Área de Violencia, de CDD, quien asegura que en los acompañamientos que ha dado a la FGJCDMX, los feminicidios, los están catalogando como suicidios.
“Todavía las investigaciones, nos preocupan, porque las últimas que estamos acompañando de casos en diciembre lo inician como suicidio y tienen todos los elementos para haberse investigado como un feminicidio y ese es el problema que seguimos todavía con las fallas en las investigaciones, no tenemos a gente especializada para que haga las investigaciones, hay mucha negligencia”, comentó.
La negligencia se inicia a la hora de levantar una denuncia por ausencia o desaparición de un familiar en los Ministerios Públicos, bajo pretexto de que se deben dejar pasar las famosas 72 horas, 72 horas que son un mito originado por los mismos funcionarios de las Procuradurías y Fiscalías estatales para no hacer su trabajo.
De acuerdo con la Fiscal Central para la Atención de la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, en ningún código penal, reglamento o ley, existe que los Ministerios Públicos deben esperar las 72 horas para levantar una denuncia por ausencia o desaparición.
“En México nunca habido una ley, un reglamento, un bando municipal, nunca habido formalmente nada que te diga que tienes que esperar un momento específico para poder iniciar una carpeta de investigación por búsqueda”, dijo.
Dejó en claro que los ciudadanos deben denunciar la desaparición de su familiar, y el Ministerio Público tiene la obligación de levantar la denuncia en el momento que se le pida.
“Aunque hayan pasado 10 minutos en ese momento hay que hacerlo, porque por lo contrario se pierde tiempo valioso para poder localizar a esta persona y además para poderla localizar con una adecuada integridad física y psicoemocional”, dijo.
Actualmente en el Congreso de la Ciudad de México se discute una Iniciativa de Ley contra la Violencia Institucional con la finalidad de sancionar a todo aquel funcionario que no levante una denuncia en el momento que así lo requiera el ciudadano.
Esta propuesta que se discute en el Congreso capitalino, interpuesta por la diputada local del Partido del Trabajo, Leonor Gómez Otegui, puede abrir sanciones a los funcionarios de la FGJCDMX en dado caso de que no quieran cumplir con sus labores, algo que puede generar una profesionalización en el rubro de procuración de justicia
“La misma autoridad pone peros en acelerar la justicia de las personas, por ejemplo, hay muchas madres que van y dicen que su hija adolescente o joven desapareció y las convencen de que no denuncien porque seguramente está con el novio, que seguramente luego aparece de que hay que dejar pasar las 72 horas y la mayoría de las veces las hijas aparecen muertas”, expresó.
A decir de Rosi Orozco, presidenta de la organización civil Comisión Unidos Contra la Trata, las famosas 72 horas que se deben dejar pasar para denunciar una desaparición o ausencia, es el reflejo de la falta de profesionalización de todo el aparato de justicia en México.
“Falta capacitación a ministerios públicos, a policías a jueces, falta sensibilidad y nos falta a los ciudadanos conciencia, cualquiera que va y compra a una niña, es tan criminal como el que se la llevo”, dijo.
Recuerde que cualquier Ministerio Público debe levantar la denuncia correspondiente en el momento que usted decide reportar a la ausencia de su familiar, en dado caso de recibir una negativa debe reportar y denunciar al servidor público en la fiscalía para servidores públicos de la Procuraduría o Fiscalía de su estado.
