CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Guardia Estatal de Tránsito: dos años perdidos
La Guardia Estatal está por estrenar, ahora sí, su fase sancionadora en carreteras estatales de Tamaulipas, pero lo hace arrastrando un historial que difícilmente puede presumirse.
A partir de mayo comenzará a aplicar multas de tránsito, una atribución que en cualquier escenario normal debería ser consecuencia de una corporación consolidada.
Aquí ocurre lo contrario.
Se le entregan más facultades a una división que, a poco más de dos años de su creación, no ha logrado justificar su existencia.
La Guardia Estatal de Tránsito nació en 2024 bajo una premisa que nadie discutía. Reducir los accidentes en carreteras estatales. Ese fue el eje de la reforma que le dio vida, el argumento central, la bandera institucional.
Hoy, esa bandera está caída. Los accidentes no han disminuido. Siguen ahí, constantes, repetitivos, muchas veces mortales.
En la carretera Rumbo Nuevo, en la Interejidal, en los caminos que conectan comunidades rurales, la historia se repite con una crudeza que desmiente cualquier discurso oficial. No hay percepción de mejora. No hay evidencia visible de que la presencia de la Guardia haya hecho la diferencia.
Y cuando una corporación no cumple su propósito esencial, lo demás pierde sentido.
Pero si el fracaso operativo es grave, el deterioro en su imagen pública lo es aún más.
Porque en apenas dos años, la Guardia Estatal de Tránsito ha acumulado un desprestigio inusual para una institución tan joven.
Las quejas son constantes. No se trata de casos aislados ni de exageraciones.
Se trata de una narrativa que se repite con demasiada frecuencia como para ignorarla. Ciudadanos que denuncian revisiones arbitrarias. Automovilistas que hablan de detenciones sin sustento.
Conductores que relatan cobros indebidos disfrazados de infracciones.
Y en el fondo de todo, una palabra que comienza a instalarse con fuerza: Extorsión.
Lo más grave es que estos señalamientos no se dan en lo oscurito. Son públicos.
Circulan abiertamente en redes sociales, se comentan en voz alta, se replican una y otra vez sin que exista una respuesta institucional contundente.
Y aun así, no se percibe un interés real por atender el problema.
La Secretaría de Seguridad Pública guarda silencio. No hay investigaciones visibles. No hay sanciones ejemplares.
No hay una estrategia clara para limpiar la corporación.
El secretario, Carlos Arturo Pancardo Escudero, parece más enfocado en anunciar nuevas facultades que en revisar lo que ocurre dentro de su propia estructura.
Y ese desinterés, o al menos esa falta de reacción, termina por agravar el problema. Porque cuando la autoridad no corrige, termina por normalizar.
Y cuando la corrupción se normaliza, se institucionaliza. Las redes sociales han funcionado como un espejo incómodo.
Ahí, la Guardia Estatal no aparece como una corporación que protege. Aparece como una autoridad que presiona.
Especialmente en ciertos sectores. Los comerciantes de vehículos de procedencia extranjera lo saben bien.
Para ellos, circular por carreteras estatales no solo implica riesgos viales.
Implica también exponerse a una vigilancia que, lejos de generar certeza, genera temor.
Ese es el verdadero saldo de estos dos años. No hay reducción de accidentes.
Pero sí hay un crecimiento en la desconfianza. Y eso, en materia de seguridad, es una combinación peligrosa.
Porque una corporación sin resultados y sin credibilidad termina siendo un problema en sí misma.
Ahora viene la etapa de las multas. Y el contexto no es el mejor. Se pretende sancionar sin haber corregido lo esencial. Se busca ejercer autoridad sin haber construido legitimidad.
Ese es el riesgo. Que la aplicación de infracciones no sea vista como un acto de orden, sino como una extensión de prácticas cuestionadas. Que la multa no represente disciplina, sino recaudación. Que la ley no se perciba como norma, sino como herramienta discrecional.
La Guardia Estatal de Tránsito tenía una oportunidad clara. Convertirse en un factor real de seguridad en las carreteras de Tamaulipas. No lo logró.
Y lo más preocupante es que, lejos de corregir el rumbo, parece avanzar sin hacer un alto en el camino.
Porque antes de multar, había que demostrar. Antes de sancionar, había que convencer. Antes de ampliar funciones, había que rendir cuentas. Nada de eso ha ocurrido.
Por eso, más que el inicio de una nueva etapa, lo que viene en mayo parece la prolongación de un problema. Uno que no ha sido resuelto. Y que hoy, con más poder en las manos, corre el riesgo de agravarse.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com