Tiempo de opinar
Por Raúl Hernández Moreno
La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de diciembre para aprobar la Ley de Ingresos y Egresos del 2020, del gobierno federal.
Todavía hay tiempo, pues, para que el Congreso negocié con gobernadores y alcaldes, a través de senadores y diputados, para conseguir mayores recursos que los autorizados en el 2019. Eso es natural, todos quieren más presupuesto, desde Estados, Municipios, órganos autónomos, universidades, Secretarías de Estado.
Estas negociaciones, este estira y afloja, se presenta cada año, desde que la Secretaría de Hacienda entrega su proyecto de presupuesto, en la primera decena de septiembre, hasta su aprobación.
En sentido estricto, el presupuesto del 2019 fue elaborado por la Secretaría de Hacienda que terminó su gestión el 30 de noviembre de 2018, es decir, la administración de Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el Congreso controlado por Morena, entró en funciones en septiembre de 2018 y pudo meter mano en su integración final y eso fue lo que permitió al Presidente Andrés Manuel López Obrador conseguir un presupuesto donde se privilegian los apoyos sociales, con un enfoque clientelar. Se construyó una andamiaje con fines electorales. Hoy hay 23 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda social por parte del gobierno, desde las becas Benito Juárez, los apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro, 65 y más, apoyos a discapacitados.
No son apoyos suficientes para acabar con la pobreza, pero sí influyen a la hora de votar. Y quizá ese sea el fin: que los beneficidos no salgan de la pobreza y vean los apoyos como necesarios para subsistir.
Todos esos recursos destinados a los programas sociales se han convertido en un problema para Estados y Municipios porque entre más dinero se vaya a los programas clientelares más les afectará en sus presupuestos.
Y como la economía no está creciendo, peor el asunto.
Se acaba de anunciar que Pemex ha perdido este año, 8,956 millones de dólares. Y eso que se está combatiendo la corrupción, porque si no estaría peor el asunto.
Y es que el gobierno federal tapa un hoyo y abre otro. En Celaya, por ejemplo, casi se acabo el robo de combustible como resultado de la guerra declarada por el gobierno federal y los huachicoleros cambiaron de rubro, ahora se dedican a la extorsión y el dinero que antes le sacaban al gobierno, ahora se lo sacan a los empresarios.
El gobierno federal ha demostrado que en el único tema donde es eficiente, es en atender las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos, como lo vimos en el tema migratorio, en donde la Guardia Nacional contuvo la llegada de migrantes a los que antes el Presidente había invitado a venir a México.
Hagamos changuitos para que el Presidente Trump ordene a México que atienda recomendaciones en materia macro económica y micro económica. Y debe hacerlo rápido, porque si México se convierte en un nuevo Venezuela, los mexicanos van a emigrar a Estados Unidos, como lo vienen haciendo desde hace más de un siglo, después de que estalló la Tercera Transformación, o sea la Revolución Mexicana. Y eso no le conviene a Estados Unidos ni le gustaría a Trump.
