La iniciativa con proyecto de decreto propone hasta 20 años de cárcel a servidores públicos coludidos con dicho delito.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.– El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Gerardo Peña Flores, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal y el Código Civil de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la atención, persecución y reparación del delito de despojo, uno de los ilícitos patrimoniales con mayor impacto social en la entidad.
Durante la sesión, el legislador reynosense expuso que la propuesta busca cerrar lagunas legales que actualmente dificultan la recuperación de bienes y permiten que invasores, grupos de presión o incluso servidores públicos coludidos se beneficien del patrimonio ajeno.
Peña Flores recordó que la propiedad privada y el derecho a una vivienda adecuada es un mandato constitucional, por lo que el Estado debe garantizar la protección plena de la propiedad.
Señaló que, a pesar de reformas recientes, la incidencia del despojo continúa en niveles alarmantes. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que en 2024 se registraron 357 casos, es decir, prácticamente uno por día. Los municipios más afectados fueron Altamira (57), Matamoros (55), Ciudad Madero (38), Ciudad Victoria (68) y Tampico (32).
Peña Flores subrayó que esta cifra podría ser mayor debido a que muchas víctimas optan por no denunciar, especialmente en zonas rurales donde enfrentan invasiones perpetradas por generadores de violencia. Temen represalias y prefieren evitar confrontaciones, lo que genera una “cifra negra” que distorsiona la magnitud real del problema.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la ampliación de penas en los delitos vinculados a la administración de justicia cuando exista retardo doloso en la restitución del derecho, elevando la sanción máxima de 8 a 10 años de prisión.
Asimismo, se propone reforzar el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, para que los servidores públicos implicados en actos de despojo, aprovechando información confidencial, puedan recibir hasta 20 años de cárcel, al tratarse de hechos que también lesionan la confianza pública.
En materia civil, la iniciativa plantea ampliar de seis meses a dos años el plazo para que una persona despojada pueda promover el interdicto de recuperar la posesión. Esto, dijo el legislador, garantizaría un acceso más efectivo a la justicia y la posibilidad real de recuperar los bienes afectados, alineándose con los criterios del próximo Código Nacional de Procedimientos Civiles.
Advirtió que el despojo no solo representa pérdidas económicas, sino que provoca conflictos sociales, daños emocionales y escenarios donde las víctimas intentan hacer justicia por su cuenta debido a la falta de respuestas oportunas. Por ello, afirmó que el Estado debe “ser protagonista en la defensa del patrimonio de las y los tamaulipecos”.
La iniciativa del congresista Gerardo Peña, fue presentada este 20 de noviembre ante el Pleno del Congreso del Estado y turnada para su análisis correspondiente