“ENLACE POLÍTICO”
POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
JUZGADORES EN ENTREDICHO ASUMIRÁN CARGOS
Ahora que el virtual magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Ignacio García Zúñiga, dejó en libertad a tres hombres acusados del secuestro y cobarde asesinato de la empresaria Elena Lavín Montemayor (QEPD) por faltas de pruebas surge la preocupación acerca de que sí la reciente reforma judicial servirá para procurar la justicia que demanda la sociedad.
Si bien es cierto que el abogado García Zúñiga, quien actualmente funge como juez de control, se escuda con el cuento de siempre de que el Ministerio Público no presentó pruebas sólidas del asesinato, su decisión deja mucho que desear porque se testimonios, peritajes, videos y sobre todo evidencias de que los acusados exigían un rescate de un millón de pesos.
Hay otros juzgadores que están en entredicho, como es el caso de la Héctor Ulises Orduña Hernández, quien obtuvo más de 44 mil votos para obtener el cargo de juez mixto del distrito de Poza Rica, Veracruz, se encuentra en prisión preventiva acusado de violación de su sobrina en 2021.
Aunque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Guadalupe Taddei Zavala, incluyó este caso en reserva hasta conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el hecho de que se haya permitido que Orduña Hernández haya competido en la elección del pasado 1° de junio, se confirma que la reforma judicial no servirá para lograr la procuración de la justicia que demanda la sociedad mexicana.
Hay otros casos de juzgadoras en entredicho, entre los que se encuentran Madián Sinaí Menchaca Sierra, quien obtuvo 43 mil votos para ser jueza del distrito 1 de Jalisco y Eluzai Rafael Aguilar, quien obtuvo 62 mil votos para ser jueza del distrito 4 de Jalisco, ya que son seguidoras del líder de la iglesia “La Luz del Mundo”, que dirige desde la cárcel Naasón Joaquín García.
Ambas se han desempeñado como pastoras de la iglesia “La Luz del Mundo”, por lo que violan en forma flagrante la constitución que prohíbe precisamente que ministras o ministros religiosos obtengan cargos públicos.
En otro tema, crece el malestar entre maestros y empleados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que encabeza Armando Contreras Castillo, puesto que carecen hasta de lo indispensable para realizar sus actividades en beneficio de alumnas y alumnos mayores de 15 años que han decidido culminar sus estudios de primaria porque no hay presupuesto.
Y conforme pasan los días, se enteraron de que la Secretaría de Educación Pública (SEP), que mal dirige Mario Delegado Carrillo, les quitó 450 millones de pesos de su presupuesto para entregárselos a los alborotadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que sitiaron por varios días el zócalo de la Ciudad de México.
Ahora en el INEA no hay recursos para apoyar a los maestros que desean ir a las plazas comunitarias para instruir a sus alumnos, por lo que dan clases a distancia a través de internet, pero lo grave es que muchos de sus estudiantes no tienen acceso a este servicio en sus comunidades rurales.
Maestros y empleados del INEA temen que les vuelvan a reducir el presupuesto que se les había asignado, luego de que los alborotadores de la CNTE amenazan con reanudar sus protestas y bloqueos en la Ciudad de México.
No debemos olvidar que luego de que concluyeron el paro de 24 días en la Ciudad de México tras recibir el “apoyo solidario” con recursos del INEA dijeron que sólo un breve receso y que regresarían con mayor fuerza para reiniciar sus bloqueos y desmanes hasta que se derogue la reforma del ISSSTE del 2007 y los reciba la presidenta Sheinbaum Pardo.
Y hablando de la mandataria, ayer tuvo que salir a “apaciguar” el escándalo que estalló luego de que el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, anunció que se otorgarían facilidades a las personas que han invadido las casas abandonados del organismo en el país, para que las compren y sean los legítimos propietarios.
Sheinbaum Pardo aseguró que la propiedad privada está resguardada por la constitución, pero también señaló que hay cerca de 800 mil casas abandonadas o que los derechohabientes siguen pagando sus créditos y no las han ocupado, situación que han aprovechado algunos para habitarlas sin pagar ninguna renta.
Se comprometió a que el Infonavit investigue la situación legal de las casas abandonadas, puesto que se corre el peligro de perjudicar a los derechohabientes cumplidos, pero que por alguna razón no habitan sus viviendas ni las rentan para poder usufructuar de sus propiedades.
No será nada fácil porque, como ella misma lo dijo ayer en la conferencia mañanera del pueblo en Palacio Nacional, muchos de los derechohabientes han abandonado sus casas porque consiguen mejores trabajos en otras partes del país, pero no han hecho uso de alternativas financieras que el mismo Infonavit tiene para que sus créditos no se cancelen.
Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com