La Feria Tamaulipas 2025 concentra la vigilancia estatal mientras la zona sur enfrenta un repunte del delito común
Por Agustín Peña Cruz*
Tampico, Tamps.- Mientras miles de visitantes disfrutan de la Feria Tamaulipas 2025 bajo un notable despliegue de seguridad estatal en Ciudad Victoria, en la zona sur del estado se vive un escenario opuesto: la presencia policial disminuye, el patrullaje es escaso y los delitos del fuero común se disparan.
Desde el viernes 17 de octubre hasta la fecha, el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5) ha recibido más de veinte reportes de robos en distintas modalidades, desde atracos a comercios hasta el hurto de motocicletas. En Altamira, un grupo de comerciantes, cansados de los constantes asaltos, detuvo por cuenta propia a un presunto delincuente en pleno centro de la ciudad. El hombre fue entregado a las autoridades tras hallársele papel moneda falso en denominaciones de 500, mil y hasta 500 mil pesos.
A pesar de que la Mesa de Seguridad municipal había prometido vigilancia reforzada desde el jueves 16, la acción llegó demasiado tarde. El viernes siguiente, los propios ciudadanos se vieron obligados a actuar ante la falta de patrullas en la zona centro.
En Tampico, el panorama no es distinto. Ese mismo viernes, el C5 recibió al menos diez llamadas por robos a comercios y motocicletas. Uno de los asaltos más graves fue el perpetrado en una tienda de autoservicio, donde un sujeto armado con una pistola logró huir hacia Pueblo Viejo, Veracruz, cruzando por el Paso del Humo. En otro punto, un ladrón sustrajo una motocicleta y, aunque las cámaras del C5 siguieron su rastro, la captura no se concretó.
Una fuente cercana a la Guardia Estatal reconoció, bajo condición de anonimato, que gran parte del personal operativo y de las unidades motrices se encuentran concentrados en labores de vigilancia en la Feria Tamaulipas 2025, dejando a la zona con “una cobertura mínima de patrullaje”.
EL MARCO CONSTITUCIONAL Y LAS OMISIONES LOCALES
La situación revela una tensión jurídica y operativa en el sistema de seguridad pública de Tamaulipas. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que la seguridad pública es una función compartida entre Federación, estados y municipios, obligando a cada nivel de gobierno a actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Asimismo, el artículo 115, fracción VII, otorga al presidente municipal el mando de la policía preventiva, aunque esta debe acatar las órdenes del gobernador en casos de fuerza mayor o alteración del orden público. Este principio de corresponsabilidad es reforzado por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dispone la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, que mandata a los municipios a ejecutar programas de prevención del delito y estrategias de vigilancia.
Sin embargo, la práctica muestra una realidad distinta: la ausencia de cuerpos de proximidad en algunos municipios ha debilitado la reacción inmediata frente a los delitos comunes, especialmente en zonas urbanas como Altamira y Tampico.
VACÍO DE LA PROXIMIDAD: EL COSTO DE LA CENTRALIZACIÓN
La concentración de efectivos en eventos de gran magnitud, como la Feria Tamaulipas, puede justificarse por razones de logística y afluencia de público. Pero cuando esta decisión implica la reducción de patrullas en ciudades que diariamente enfrentan el robo, la estafa o el vandalismo, se configura un vacío operativo con consecuencias directas en la percepción y la realidad de seguridad.
La policía municipal de proximidad, tal como la concibe el marco constitucional y la doctrina moderna de seguridad ciudadana, no es un lujo: es una necesidad. Su función no se limita al patrullaje, sino al conocimiento territorial, la relación con la comunidad y la prevención del delito mediante la confianza pública. Sin un cuerpo policial local activo, los municipios dependen en exceso del Estado, perdiendo su capacidad de respuesta inmediata.
El resultado es un círculo vicioso: el ciudadano desconfía, el comerciante se arma de valor —como en Altamira— y el delito común encuentra terreno fértil.
DEBER CONSTITUCIONAL QUE NO PUEDE POSPONERSE
Tamaulipas enfrenta un dilema de gestión: fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno o resignarse a una seguridad pública intermitente, dependiente de operativos coyunturales. El artículo 21 constitucional no deja margen de ambigüedad: la seguridad es responsabilidad compartida, y su cumplimiento no puede suspenderse por eventos o ferias, por legítimos que sean.
Mientras las luces de la Feria brillan en Ciudad Victoria, las calles de Altamira y Tampico piden una presencia policial que no llega. ¡El marco legal, ya está escrito!, las obligaciones también, pero la realidad demuestra que, sin policías de proximidad locales, la ley se vuelve letra muerta y la seguridad, un privilegio temporal.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.