Enfoque Sociopolítica
La seguridad como política de Estado: la transición de Tamaulipas bajo el gobierno de Américo Villarreal
Por Agustin Peña Cruz*
Durante años, Tamaulipas fue sinónimo de violencia estructural, rutas bloqueadas por el miedo y una narrativa pública dominada por estadísticas rojas y estigmas nacionales. Hoy, el gobierno estatal sostiene que ese ciclo comienza a cerrarse. La política de seguridad implementada por el gobernador Américo Villarreal Anaya —médico de formación, político de trayectoria amplia y heredero de una tradición de servicio público— se presenta como un cambio de paradigma: menos confrontación reactiva y más construcción institucional, inteligencia y atención a las causas sociales del delito.
El segundo programa radiofónico “Diálogos con Américo”, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, funciona como una radiografía amplia de esta estrategia. Más que un ejercicio de propaganda, la conversación expone cifras, razonamientos y una visión de seguridad que busca legitimarse no solo en los números, sino en la vida cotidiana de la población.
Uno de los ejes centrales de la entrevista del gobernador con Héctor Cabrera, conductor del programa, es el tránsito de una seguridad entendida exclusivamente como fuerza coercitiva hacia una seguridad concebida como política de Estado. Villarreal lo sintetiza con claridad: “La paz no se espera, se construye todos los días”. Bajo esa premisa, su administración apostó por atender las causas estructurales de la violencia —desigualdad, descomposición del tejido social, economías ilegales— sin abandonar el fortalecimiento operativo de las instituciones de seguridad.
El punto de partida resaltó. Al inicio de su gobierno, reconoce, no hubo proceso formal de entrega-recepción y el diagnóstico reveló un aparato policial debilitado: patrullas inexistentes en la práctica, elementos sin controles de confianza vigentes y una Guardia Estatal con capacidades limitadas. La respuesta fue una reestructuración profunda: depuración, capacitación, inversión en equipamiento y profesionalización, acompañada de una coordinación estrecha con fuerzas federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
LA SEGURIDAD QUE SE MIDE… Y LA QUE SE SIENTE
El gobernador insiste en una distinción: la seguridad debe medirse, pero también sentirse. En el plano cuantitativo, los datos que expone son verificables. De acuerdo con cifras oficiales, Tamaulipas pasó de registrar alrededor de 130 homicidios mensuales al inicio de la administración a un promedio cercano a 17. El robo de vehículos, otro delito de alto impacto, se redujo de más de 15 mil casos anuales a aproximadamente 7 mil. Estos indicadores, afirma, son objetivos, verificables y forman parte de los 98 parámetros que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública utiliza para evaluar a las entidades.
Pero el gobierno sabe que las estadísticas, por sí solas, no reconstruyen la confianza. Por ello, Villarreal recurre a indicadores indirectos pero socialmente elocuentes: el incremento del turismo carretero, la reactivación de festivales culturales, la recuperación de plazas públicas y el crecimiento económico. En 2025, Tamaulipas recibió más de 16.5 millones de visitantes, con una derrama superior a los 15 mil millones de pesos. “El turista no viene si hay una entidad insegura”, subraya el mandatario.
Otro dato revelador es el aumento en el tránsito de connacionales durante temporadas vacacionales. De 42 mil personas que cruzaban el estado en años previos, hoy la cifra ronda las 150 mil. El mensaje implícito es claro: el miedo comienza a ceder terreno.
Históricamente, las carreteras tamaulipecas fueron espacios de riesgo. La estrategia actual busca revertir esa percepción mediante presencia permanente, estaciones seguras y patrullaje coordinado. Villarreal precisó la instalación de bases de seguridad cada 25 kilómetros en la franja fronteriza, particularmente en la carretera ribereña que conecta Matamoros con Nuevo Laredo, una vía estratégica tanto para la población como para la actividad económica y aduanera.
La lógica es territorial: no se trata solo de reaccionar ante delitos consumados, sino de ocupar el espacio público, disuadir y generar condiciones de tránsito seguro. Los resultados, sostiene el gobernador, también se reflejan en la disminución de accidentes carreteros, que pasaron de cerca de 1,900 en el primer año de gobierno a poco más de mil en el último registro anual.
Por otra parte, un componente central de la política de seguridad es la inteligencia. La administración ha fortalecido los sistemas de análisis, investigación y prevención del delito, tanto en la Fiscalía como en la Guardia Estatal. Cateos efectivos, órdenes de aprehensión y operativos focalizados forman parte de esta estrategia, que busca ser más quirúrgica y menos espectacular.
Sin embargo, Villarreal introduce un elemento poco habitual en el discurso político: la corresponsabilidad ciudadana. La denuncia, insiste, es indispensable. “Si vemos una conducta irregular y no la denunciamos, estamos favoreciendo ese entorno”, afirma. Para ello, el gobierno ha impulsado mecanismos como el 089 y la Fiscalía Digital, que permiten denuncias anónimas y seguimiento institucional.
Este énfasis no está exento de riesgos políticos, pero revela una visión de seguridad como pacto social: el Estado garantiza protección y respuesta, pero la sociedad debe participar activamente para sostener los avances.
SEGURIDAD, ECONOMÍA Y ESTIGMA
Quizá uno de los impactos más relevantes de la estrategia sea el reposicionamiento de Tamaulipas en el mapa económico nacional. Datos recientes del INEGI, citados por el gobernador, colocan al estado como una de las economías más dinámicas del noreste, incluso por encima de entidades tradicionalmente fuertes como Nuevo León y Coahuila. La seguridad, en este sentido, deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en condición habilitante del desarrollo.
Romper el estigma —ese “Tatatatamaulipas” asociado a violencia— es una tarea de largo plazo. Villarreal recurre a una metáfora elocuente: como los buenos médicos, los buenos gobiernos no necesitan publicidad excesiva; los resultados se comentan solos. La narrativa oficial busca precisamente eso: que la percepción cambie a partir de la experiencia cotidiana, no del discurso.
La estrategia de Tamaulipas se alinea con la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional. Las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y el flujo de recursos federales han permitido escalar capacidades tecnológicas y operativas para enfrentar dinámicas criminales cada vez más complejas.
Hacia el cierre del sexenio, la meta no es solo reducir indicadores, sino consolidar una cultura de paz. “No solo la paz es la meta; la paz es el camino”, resume el gobernador. La atención a delitos emergentes como la violencia familiar, mediante la intervención de instituciones educativas, el DIF y organismos sociales, apunta a una seguridad preventiva y humanista.
El caso de Tamaulipas bajo el gobierno de Américo Villarreal Anaya es, en muchos sentidos, un experimento en curso. Los avances son reales y los datos respaldan una mejora sustancial en seguridad y gobernabilidad. No obstante, el reto es sostener estos logros en un entorno nacional e internacional cambiante, donde el crimen organizado se adapta con rapidez.
Por ahora, la política de seguridad tamaulipeca ofrece una perspectiva amplia: cuando la seguridad se concibe como política integral —y no como reacción improvisada—, sus efectos trascienden las cifras y comienzan a transformar la vida pública, la economía y la confianza social. En un país donde la violencia suele dictar la agenda, Tamaulipas intenta, al menos, escribir un capítulo distinto.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.