CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Los moches.
Es una buena noticia que la Auditoría Superior del Estado haya reprobado decenas de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023, entre ellas las de varios exalcaldes y alcaldes.
Como lo mencioné en este mismo espacio hace apenas unos días, es un hecho relevante porque marca, por primera vez, un viraje serio del órgano fiscalizador hacia su verdadera función: poner contra la pared a quienes hacen mal uso del dinero que pertenece a todos.
Durante años, la ASE fue todo menos un ente de vigilancia. Funcionó, en realidad, como una herramienta de chantaje político. Su mano dura o su indulgencia dependía más de las lealtades partidistas que de los números y de las pruebas. Hoy, por fin, parece haber una intención distinta. Y eso, sin duda, debe reconocerse.
En breve, nos dicen, el auditor Superior, Francisco Noriega Orosco, hará un anuncio sobre el resultado de sus indagatorias y citará los nombres de quienes serán colocados en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad: ese tipo de corrupción —la que implica desviar recursos del presupuesto— no es la más perniciosa ni la más difícil de combatir.
Hay otra forma de podredumbre institucional que se mueve con más sigilo, más cinismo y mayor impunidad: la de los moches.
Los moches son el pacto silencioso entre el servidor público y el proveedor, entre el director de obras y el constructor, entre el jefe de compras y el empresario. Son dinero en efectivo que cambia de manos fuera de cualquier registro, a cambio de otorgar contratos, adjudicar obras o facilitar pagos.
Esa corrupción no deja rastros, no se documenta, no se audita. Pero está ahí, drenando la honestidad del servicio público y enriqueciéndolo todo… menos al pueblo.
Esa es la corrupción más común, la más normalizada. Y también la más rentable para quienes la practican. Porque cada tres o seis años, vemos surgir una nueva camada de ricos exprés: funcionarios que llegaron con una mano adelante y otra atrás, y que se van manejando camionetas de lujo, comprando propiedades y paseando en destinos exclusivos. ¿Cómo lo hacen? Con moches. Con dinero sucio disfrazado de éxito.
Lo más alarmante es que poco o nada se hace para detener esa práctica. No sólo porque es difícil de probar, sino porque no existe una verdadera voluntad política para erradicarla. Las autoridades fingen que no ven, los partidos callan y muchos empresarios se han acostumbrado a “jugar el juego” porque, de otro modo, no sobreviven.
Combatir esa corrupción exige más que auditorías. Requiere valor. Requiere funcionarios decididos a romper con esa lógica perversa de “te doy, pero me das”. Requiere castigos ejemplares. Y, sobre todo, exige que entendamos que cada peso entregado como moche es un peso menos para escuelas, hospitales, calles, seguridad. Es un robo al pueblo.
Ya es hora de que ese tipo de corrupción —la más cínica y dañina— deje de ser tolerada. Y si en verdad queremos cambiar las cosas, hay que empezar por ponerle nombre y apellido a los ladrones de cuello blanco que se esconden detrás de los contratos públicos.
EL RESTO.
RENDIJAS.- Efectivamente, el panista, Ismael García Cabeza de Vaca, se convirtió ya en el diputado más faltista de la actual legislatura del Congreso del Estado, y a ese paso lo será también de toda la historia del Poder Legislativo de Tamaulipas.
Pero como dice el clásico, ¿Y? Resulta que, más allá de las críticas y cuestionamientos por parte de algunos de sus compañeros, sobre todo los de Morena, no se ve ninguna intención de emprender alguna acción legal contra el hermano del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La ley organizacional del Congreso prevé sanciones para quienes no asisten a las sesiones, pero también tiene muchas rendijas que ha estado usando Ismael para evadir cualquier consecuencia.
Frente a ello la pregunta es: ¿Hasta cuándo reformarán la ley para tapar esas rendijas, que en el argot jurídico se conocen como lagunas?
ASI ANDAN LAS COSAS.
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