Tiempo de opinar
Por Raúl Hernández Moreno

Como si la guerra contra el huachicoleo no fuese suficiente, ahora el gobierno federal enfrenta dos nuevos conflictos: el bloqueo de trenes por parte de la CNTE en Michoacán y la huelga de maquiladoras en Matamoros.

En Michoacán, los pandilleros de la CNTE tienen bloqueados desde el 14 de enero 200 trenes con más de un millón 700 toneladas de mercancía, que ocasiona pérdidas millonarias.

La CNTE pide el pago de diversas prestaciones como bono, prima vacacional del 2018 y devolución del ISR en el 2018 y 2019, exige que le entreguen 5 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno federal le autorizó mil, en dos partidas, le envió 200 el viernes pasado y 800 este lunes.

El gobierno de Michoacán le ha pedido al gobierno federal su ayuda para liberar las vías de ferrocarril, pero este dice que no usará la fuerza para lograr esa meta y señala que corresponde al Estado resolverlo.

En Matamoros estalló la huelga en 26 fábricas con 36 mil trabajadores. Estos exigen un incremento salarial del 20 por ciento, adicional al incremento a los salarios que por decreto ordenó el gobierno federal al pasar el salario mínimo de 88.36 pesos diarios a 176.72.

Junto con el 20 por ciento, piden un bono anual de 32 mil pesos.

Hay dos empresas que de plano no pudieron cubrir el aumento del 100 por ciento a los mínimos, optaron por cerrar y dejar sin empleo a dos mil trabajadores.

Haber incrementado el salario en la frontera al 100 por ciento, está afectando a todos. Los negocios que pagaban el mínimo subieron los salarios, pero también sus precios para poder ser competitivos. La inflación va cuesta arriba.

El problema se complica porque la que encabeza el movimiento de huelga es una abogada Susana Prieto, de Ciudad Juárez. Además, el secretario general de las maquiladoras, Javier Villafuerte, asegura que atrás de todo esto está un tal Javier Zúñiga, dirigente del Sindicato Minero y gente de confianza de Napoleón Gómez Urrutia, el senador consentido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si a todo se añade que el alcalde de Matamoros, Mario López, es de Morena, todo se presta para el sospechosismo.

El gobierno federal se ha visto lento en el caso Michoacán como en el de Matamoros. Ambos conflictos están dejando pérdidas millonarias y en ambos, el gobierno federal le atribuye a los gobiernos estatales ser los responsables de resolverlos.

Si lo que ocurre en Michoacán ocurriese en Estados Unidos, ya se hubiese enviado a la fuerza pública a liberar las vías y habría cientos de detenidos o por lo menos no se les pagaría el sueldo.

En un estado de derecho, la gente del CNTE debiera ser despedida y remplazada por gente que si trabaje. Pero en vez de eso se les permite parar labores y se les sigue pagando su sueldo. ¡Qué chulada!

Además, una cosa es que protesten y otra que afecten a terceros, como está sucediendo. ¿Qué culpa tienen las empresas transportistas y los dueños de mercancías, de lo que les pasa a la CNTE?

Lo de Matamoros envía mala señal a los inversionistas extranjeros, que de por sí no entienden como en una región del país se les obliga a pagar un sueldo de 32 dólares semanales y a unos cuantos kilómetros de distancia, la obligación aumenta a 64 dólares.

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