Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 9 de mayo.- El uso indebido de información contenida en plataformas de seguridad pública podría recibir sanciones más severas en Tamaulipas, ante el aumento de delitos vinculados con el manejo irregular de datos oficiales y el crecimiento de prácticas como la extorsión digital.
El diputado Humberto Prieto Herrera presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de castigar a quienes obtengan, copien, revelen o transfieran información reservada de sistemas de seguridad, incluso cuando tengan acceso autorizado a dichos mecanismos.
El legislador señaló que los avances tecnológicos han permitido mejorar procesos institucionales, aunque también han generado nuevas modalidades delictivas relacionadas con el uso ilegal de bases de datos y equipos informáticos.
“Uno de los fenómenos que ha evolucionado de manera preocupante es la extorsión, la cual ha transitado de esquemas tradicionales a formas sofisticadas de carácter digital, donde la información se convierte en el principal insumo para la comisión del delito”, expresó.
La propuesta contempla reformas, adiciones y derogaciones en materia de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, con la intención de cerrar vacíos legales y ampliar las conductas que actualmente pueden ser sancionadas.
Prieto Herrera explicó que el manejo irregular de información sensible pone en riesgo tanto a las instituciones como a la ciudadanía, especialmente cuando los datos son utilizados con fines ajenos a las funciones oficiales.
“Cuando esta información es indebidamente obtenida, copiada o utilizada, incluso por personas que cuentan con acceso autorizado, se generan riesgos graves para la seguridad pública, la integridad de las personas y la eficacia del Estado en el combate a la delincuencia”, sostuvo.
La iniciativa también plantea que las penas aumenten cuando los responsables sean servidores públicos, incluyendo destitución e inhabilitación, además de establecer que el delito sea perseguido de oficio. “No se trata únicamente de sancionar el acceso ilícito, sino también el abuso de confianza institucional cuando servidores públicos utilizan información con fines distintos a los permitidos”, afirmó el diputado.