Por: José Medina

Ciudad Victoria.- Marina Ramirez Andrade impulsa una iniciativa que tiene por objeto establecer un marco jurídico que permita a los Ayuntamientos crear y operar Programas Municipales de Transporte Médico Programado, garantizando traslados no urgentes y gratuitos para que la población, especialmente la más vulnerable, pueda acceder efectivamente a los servicios de salud.

Denunció que en Tamaulipas, la desigual distribución de infraestructura médica es un problema histórico, la mayor parte de los hospitales generales, unidades de especialidades, equipos de diagnóstico avanzado y personal médico especializado se concentran en municipios como Victoria, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, que representan las principales zonas urbanas y de mayor población del Estado.

Así pues, esta concentración genera que habitantes de ejidos, comunidades rurales y municipios alejados enfrenten obstáculos significativos para acceder a consultas, estudios, terapias y procedimientos programados, aunado a la carencia de transporte público adecuado, los altos costos de traslado y el aislamiento territorial terminan por convertir el derecho a la salud en un privilegio geográfico.

Explicó que en su momento algunos municipios como San Fernando han intentado responder a esta circunstancia mediante programas de transporte asistido, utilizando camionetas, vans u otros vehículos oficiales para trasladar a personas hacia hospitales generales y centros médicos regionales, no se trata de ambulancias ni de servicios de emergencia, sino de traslados no urgentes, previamente agendados, dirigidos principalmente a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y población de escasos recursos que debe acudir a citas médicas o tratamientos constantes.

Reconoce que esos esfuerzos municipales han demostrado ser enormemente beneficiosos, sin embargo, han enfrentado un gran problema como lo es la falta de continuidad institucional. Al no existir un fundamento legal específico en el Código Municipal, estos programas han dependido exclusivamente de la voluntad política de cada administración, generando escenarios en los que, con el simple cambio de administración, los vehículos dejan de operar, las rutas se cancelan y lá población queda nuevamente en el abandono.

Derivado de lo anterior, la falta de transporte provoca abandonos de tratamientos por no poder pagar los traslados; dificultad para asistir a hemodiálisis, quimioterapias, rehabilitaciones y estudios; además de generar riesgos para mujeres embarazadas que no pueden acudir a revisiones periódicas y retrasos diagnósticos con consecuencias graves.
Así, la desigualdad en materia de salud no se debe únicamente a la capacidad del sistema médico, sino a la imposibilidad física y económica de llegar a él.
Los traslados programados permiten resolver este obstáculo mediante un mecanismo de bajo costo, alta eficiencia social y enorme valor humano, no sustituyen los servicios médicos; los hacen accesibles. El transporte médico programado es, por tanto, una herramienta clave para hacer funcional el sistema de salud en un territorio desigual.