Maremágnum
Por Mario Vargas Suárez
El discurso oficial de los que viven de la política mexicana siempre tiene como base: el marco legal, la justicia, la equidad, los valores, la desigualdad, pobreza, educación, salud, etc., etc. No hay hombre o mujer de la política de todos los tiempos que omita hablar de estos temas, sea cual sea su aspiración.
A los escolares del país nos han enseñado que la conducta pública está delimitada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratificada el 31 de enero de 1917 y promulgada el 5 de febrero del mismo año, en la Ciudad de Querétaro.
Quienes firmaron la Constitución fueron los representantes de la población en ese momento: El Congreso Constituyente. El ejemplar único, se encuentra en el Archivo General de la Nación, en El Palacio de Lecumberri (antigua prisión) en la CDMX.
En este documento México se entiende como la unión voluntaria de entidades, como si se tratara de pequeños países aliados en la Constitución, donde están las normas básicas para su manejo jurídico, porque ahí están los límites y se definen las relaciones entre los tres poderes de la federación (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), sus gobiernos -federal, estatal y municipal- y entre todos los ciudadanos.
En otras palabras, La Carta Magna, es la base para el buen funcionamiento del gobierno, las instituciones, los derechos y deberes de la sociedad nacional.
Es innegable que en México muchos funcionarios han sucumbido a la tentación de la riqueza ilícita, el favoritismo, la desigualdad y todas aquellas conductas que atentan contra la ciudadanía de una región y del México como nación.
En Tamaulipas, el 1 de marzo de 1984, el gobernador el Dr. Emilio Martínez Manautou, por mandato del Congreso Local, publicó el Decreto LII-10, sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
El Decreto es muy claro cuando determina que son sujetos a la Ley: “…los servidores públicos… así como todas las personas que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales. Es decir, por ley, todos los funcionarios públicos.
Las autoridades sancionadoras de irregularidades de funcionarios públicos van desde el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Contraloría Gubernamental, Procuraduría General de Justicia, dependencias del Ejecutivo Estatal, Ayuntamientos, el Tribunal Fiscal del Estado, los Tribunales del Trabajo, etc.
El Artículo 47, reformado en el 2016, pero vigente desde hace más de 35 años, señala que “Todo servidor público tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión…”
En mi opinión los indicadores que se señalan en el Artículo 47 son muy cuestionables en el ejercicio laboral de muchos empleados de los tres niveles de gobierno porque no termino de entender cómo hay tanta irregularidad en distintas dependencias del estado y en municipios.
A nivel Tamaulipas, independientemente de la inseguridad, hay muchos temas donde podría aplicarse esta Ley, como el caso de la Torre de Cristal con 12 pisos sin elevadores para jefes, empleados o visitantes, desde hace tres meses ¿y el presupuesto para mantenimiento?
A nivel municipal está COMAPA Victoria, donde no hay transparencia en sus finanzas, como el cargo a los usuarios de $ .50 (cincuenta centavos) mensuales por “recuperación de crédito”.
La infaltable factura mensual de COMAPA-VIC donde se refleja el cobro de dos servicios al usuario, aunque no haya o escasee frecuentemente el agua potable o los drenajes se desborden, incluyendo en la vía pública.
Me parece que los seis indicadores que señala la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos de Tamaulipas, “legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de su empleo”, son aplicables a cualquiera de los gerentes COMAPOS de los últimos años.
La realidad es que los mexicanos no creemos en el marco legal que vivimos y hasta comentaristas de la televisión gringa son capaces de declarar ‘al aire’ que en México es posible la ilegalidad –de lo que me diga- pero en EU no. Como el certificado de defunción de José José, cuando periodistas aztecas supusieron falsedad en los datos.
