Reconstruir el tejido social con transformación de fondo: Francisco Pérez
Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
Ciudad Altamira, Tamps.- En una coyuntura marcada por el debate nacional sobre los límites entre libertad religiosa, acción comunitaria y derechos fundamentales, el Ayuntamiento de Altamira abrió un espacio de diálogo con asociaciones religiosas del municipio para fortalecer su vinculación institucional y encauzar su actuación dentro del marco jurídico vigente. La reunión, celebrada con el acompañamiento de autoridades estatales, no sólo tuvo como eje la reconstrucción del tejido social, sino también la regularización formal de
organizaciones que, en los hechos, ya desempeñan tareas de asistencia espiritual y comunitaria.
El Secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, explicó que el encuentro respondió a una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado para ordenar la participación de las asociaciones religiosas y garantizar certeza jurídica tanto a las instituciones como a los ciudadanos. En la reunión participó la Dirección General de Asuntos Religiosos de Tamaulipas, instancia que funge como enlace ante la Secretaría de Gobernación para el registro de asociaciones de culto.
“Aquí hay que agradecer a nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, que dirige la maestra Arlet Fuentes”, señaló el funcionario. Añadió que Tamaulipas ha mantenido representación ante la Secretaría de Gobernación para dar cumplimiento a la normativa en materia religiosa y facilitar los procedimientos de registro.
El secretario precisó que, a nivel municipal, la Secretaría del Ayuntamiento cuenta con una Coordinación de Asuntos Religiosos, encabezada por el profesor Ángel Vázquez Ibarra, desde donde se organizó la convocatoria. “Tuvimos una concurrencia importante de distintas asociaciones religiosas”, afirmó. El propósito, subrayó, es que “el tejido social que mantengamos en la zona sur, en el municipio y en el estado, se reconstruya; que haya una transformación de fondo con aquellas personas que tienen algún problema de índole moral o religioso”.
Más allá del discurso institucional, el trasfondo es claro: en un contexto donde la violencia, la drogadicción y el desorden comunitario han erosionado la cohesión social en distintas regiones del país, las autoridades buscan sumar a los liderazgos religiosos como aliados en tareas de prevención y orientación social. Sin embargo, esa colaboración no puede operar al margen de la ley.
Pérez Ramírez fue enfático en que las asociaciones religiosas deben contar con su registro ante la Secretaría de Gobernación. “Que las instituciones religiosas a su vez tengan un registro ante la Secretaría de Gobernación, que el trámite sea más ágil y que el gobierno del estado y el gobierno municipal estemos a la mejor disposición para apoyarlos en ese trámite”, expresó. La regularización no es un mero formalismo: implica personalidad jurídica, transparencia administrativa y responsabilidad frente a la autoridad.
Uno de los puntos más delicados abordados durante la entrevista fue la situación de centros que se dedican a la atención de personas con problemas de adicción, algunos de los cuales han sido señalados por realizar internamientos sin sustento clínico o sin consentimiento pleno de los interesados. La pregunta planteada al secretario fue directa: ¿puede configurarse un delito cuando se interna a una persona sin registro institucional o sin expediente médico que lo justifique?
El funcionario respondió con una distinción jurídica precisa. “No es secuestro porque no se está pidiendo un rescate. Hay que recordar que es una de las características del secuestro, que se pida una contraprestación monetaria”, puntualizó.
No obstante, reconoció que sí podría configurarse otro ilícito si se priva a alguien de su libertad sin su consentimiento. “Si existe algún delito por parte de alguna asociación civil que esté llevándose personas sin su voluntad, tendría que haber una denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”, sostuvo.
La aclaración es relevante. En términos penales, la privación ilegal de la libertad no exige necesariamente la solicitud de rescate; basta la restricción de la libertad ambulatoria sin causa legal.
Pérez Ramírez precisó que, en caso de internamientos forzados sin autorización ni respaldo clínico, los afectados o sus familiares deben acudir a la autoridad ministerial para que se investigue la posible comisión de un delito.
En ese mismo tenor, se abordó el fenómeno conocido en redes sociales como la “patrulla espiritual”, un término que ha circulado en otras entidades del país para describir supuestas brigadas que trasladan personas a centros de rehabilitación o espacios religiosos sin consentimiento. El secretario fue categórico: “Yo no tengo registro de vehículos como esta ‘patrulla espiritual’ que hemos visto en redes sociales”. Y añadió una advertencia jurídica: “Si ellos están llevándose a una persona sin su voluntad, efectivamente la están privando de la libertad”.
Según lo expuesto, en la zona sur de Tamaulipas no existen reportes formales sobre este tipo de prácticas. “No tenemos registro de asociaciones que anden haciendo este tipo de acciones en contra de la gente”, indicó. No obstante, reiteró que, si alguna persona considera que sus derechos han sido vulnerados, la vía procedente es la denuncia ante el Ministerio Público.
El discurso institucional busca un equilibrio delicado: por un lado, reconocer el papel social de las asociaciones religiosas en la orientación espiritual y la prevención de conductas antisociales; por el otro, establecer límites claros para evitar abusos que vulneren derechos humanos. La Constitución mexicana protege la libertad religiosa, pero también consagra el derecho a la libertad personal y al debido proceso.
En este sentido, la reunión celebrada en Altamira adquiere un matiz estratégico. No se trató únicamente de un acto protocolario, sino de una sesión informativa para explicar los pasos necesarios para el registro oficial. Pérez Ramírez describió la exposición como “muy sencilla, muy práctica”, orientada a que las asociaciones puedan cumplir con los requisitos sin contratiempos. “A todas se les dijo que si tienen alguna duda nos vamos a apoyar con la
Secretaría del Ayuntamiento y con el gobierno del estado para tener entonces su trámite correspondiente ante la Secretaría de Gobernación sin ningún contratiempo”, afirmó.
El trasfondo jurídico es determinante. El registro ante la Secretaría de Gobernación no sólo acredita la naturaleza religiosa de una organización, sino que permite supervisar su actuación conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Asimismo, delimita responsabilidades en caso de controversias o denuncias.
En una región donde la colaboración entre autoridades civiles y actores comunitarios puede incidir en la prevención de la violencia y la desintegración familiar, el gobierno municipal apuesta por una “transformación de fondo”, en palabras del secretario. Sin embargo, esa transformación, insiste, debe transitar por la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La reconstrucción del tejido social, en este planteamiento, no se concibe como una tarea exclusiva del Estado ni como una delegación absoluta a las iglesias. Se trata de una articulación institucional donde cada actor asume su papel bajo reglas claras. La espiritualidad, sugiere el Ayuntamiento, puede ser un factor de cohesión; el orden jurídico, su límite infranqueable.
En México los márgenes entre acción social, fe y legalidad suelen tensarse en escenarios de crisis, la postura expresada por el Secretario del Ayuntamiento de Altamira marca una línea: colaboración sí, pero con registro formal; acompañamiento comunitario, pero sin internamientos forzados; libertad religiosa, pero con respeto absoluto a la libertad personal.
La expresión oficial concluye con un mensaje que sintetiza la intención gubernamental: fortalecer a las asociaciones religiosas como aliadas en la reconstrucción social, siempre dentro del marco legal vigente. En palabras de Pérez Ramírez, se trata de que “haya una transformación de fondo”, pero bajo la premisa de que ningún objetivo comunitario puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.