CONFIDENCIALPor ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Todos perderemos
El amparo no es un tecnicismo jurídico. Tampoco es un recurso exclusivo de abogados, jueces o ministros. El amparo es, sencillamente, el escudo más importante que tenemos los mexicanos frente al poder de la autoridad. Sin él, quedaríamos indefensos ante los abusos del gobierno.
Por eso resulta alarmante la iniciativa que la Presidencia de la República ha anunciado para reformar la Ley de Amparo. Detrás de un lenguaje aparentemente técnico se esconde un intento de restarle fuerza a este instrumento, y con ello limitar la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos.
En pocas palabras: lo que se pretende es reducir los alcances de la única herramienta que equilibra la relación entre el ciudadano común y el Estado todopoderoso.
El amparo ha sido históricamente la válvula de escape contra las arbitrariedades. Gracias a él, miles de mexicanos han evitado injusticias en temas tan diversos como impuestos indebidos, expropiaciones, actos ilegales de policías o decisiones abusivas de autoridades municipales y estatales.
Modificarlo en el sentido que plantea la Presidencia equivale a dejar la puerta abierta al autoritarismo. Y no hay peor amenaza para la democracia que un poder sin contrapesos.
Es cierto que la iniciativa incluye algunos aspectos positivos. Por ejemplo, plantea la ampliación de la tramitación electrónica, lo que podría agilizar procesos que hoy resultan lentos y costosos.
También propone que las sentencias de amparo deban resolverse en un plazo máximo de 60 días, lo que en teoría daría mayor certeza a los ciudadanos.
Sin embargo, esas bondades no alcanzan para compensar los riesgos de fondo. Porque mientras se ofrece eficiencia en los plazos y digitalización en los trámites, al mismo tiempo se pretende limitar el alcance del amparo en los grandes temas nacionales.
Los defensores de la iniciativa dicen que buscan evitar que intereses privados frenen proyectos de infraestructura. En realidad, lo que quieren es eliminar los obstáculos jurídicos que impiden imponer decisiones a rajatabla.
Si se aprueba, las comunidades que hoy pueden recurrir al amparo para proteger su territorio, su agua o su medio ambiente, quedarán desarmadas. Los trabajadores que lo utilizan para reclamar violaciones laborales tendrán menos margen de defensa. Y los contribuyentes perderán un recurso vital contra cobros excesivos o ilegales.
El ciudadano de a pie debe entenderlo con toda claridad: una reforma al amparo es una reforma contra usted. Contra su familia. Contra sus derechos más elementales.
¿Quién ganará con esta modificación? El poder. El gobierno. La maquinaria estatal que ya de por sí tiene enormes ventajas frente a un individuo. Y ¿quién perderá? Todos los demás.
México tiene una larga historia de abusos de autoridad. Desde multas indebidas hasta detenciones arbitrarias. ¿De verdad queremos regresar a una época en que el ciudadano no tenía cómo defenderse?
La iniciativa de la Presidencia parece partir de una visión profundamente equivocada: que la ley estorba, que los jueces molestan, que los ciudadanos exageran cuando reclaman. Esa es la antesala del autoritarismo disfrazado de “eficiencia”.
Sería ingenuo pensar que el amparo solo sirve a empresas poderosas. La mayoría de los casos lo utilizan personas comunes que enfrentan actos ilegales de burócratas locales o abusos de pequeños caciques. Reducirlo es condenar a esos ciudadanos a la indefensión.
Por eso es indispensable alzar la voz. No se trata de un asunto técnico. Se trata de un golpe directo a la libertad y la justicia.
En vez de debilitar el amparo, el gobierno debería convocar a un gran diálogo nacional con colegios de abogados, barras, universidades y asociaciones de juristas. Solo ellos tienen la preparación para señalar qué ajustes —si es que se requieren— podrían mejorar el sistema sin poner en riesgo su esencia.
Y en última instancia, antes de siquiera pensar en aprobar una reforma de este calado, debería consultarse directamente a la ciudadanía. ¿Quieren los mexicanos renunciar al único escudo legal que los protege del poder? Estoy seguro de que la respuesta sería un rotundo no.
De aprobarse, esta reforma dejaría una herida profunda en nuestro sistema democrático. Y lo que es peor: no habría vuelta atrás. Porque cuando el poder se queda sin límites, difícilmente los recupera el pueblo.
Por eso hoy, más que nunca, debemos exigir a la Presidencia que desista de esta peligrosa intención. México no necesita menos amparo. Necesita más justicia, más transparencia y más respeto a los derechos.
Quitarle fuerza al amparo es, sin duda, el peor error que podría cometer este sexenio.
El llamado es claro: defendamos el amparo. De lo contrario, nos vamos a arrepentir. Se lo firmo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com