Ciudad de México.- La Cámara de Diputados avaló, en lo general, el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, para permitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público introducir el nombre de un individuo a la lista de personas bloqueadas, cuando tenga indicios suficientes de que está relacionada a delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos asociados. El dictamen, aprobado en lo general, modifica el título quinto de la citada ley y agrega el capítulo V “De la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas”.
Establece que quienes sean registradas en esa lista podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Para ello, previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión, manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.
La solicitud deberá formularse por el interesado ante la UIF en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado las causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. La UIF, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo, hasta por el mismo periodo. Transcurrido el plazo para que el interesado aporte pruebas y formule alegatos, la UIF, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de que esté integrado el expediente, emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará la inclusión del interesado a la lista, y si procede o no su eliminación. Al fundamentar el dictamen, la Diputada Adriana Lozano Rodríguez manifestó que congelar cuentas es la forma pacífica de combatir criminales y atrapar a los corruptos que los protegen. “Construiremos en colaboración con la banca, las dependencias competentes y, sobre todo, con la sociedad, una norma tan clara que permita perseguir a delincuentes sin agraviar el debido proceso. Esta norma no afectará a la gente común”.
