Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
México ocupa el segundo lugar en América Latina en evaluación de su sistema de pensiones, pero el envejecimiento poblacional representa un riesgo creciente para su sostenibilidad.
En Tamaulipas, este desafío se manifiesta con especial fuerza en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), que administra las pensiones de los trabajadores estatales.
Tamaulipas enfrenta una transición demográfica similar a la nacional: en 2020, 12 de cada 100 habitantes tenían 60 años o más, y se estima que esa proporción se duplicará hacia 2050.
Este cambio reduce la relación entre trabajadores activos y pensionados, aumenta los años de pago de las jubilaciones y presiona las finanzas públicas estatales, especialmente si las aportaciones y reservas no crecen al mismo ritmo que el padrón de pensionistas.
Ante esta situación, el gobierno de Américo Villarreal Anaya (AVA) impulsó una reforma a la Ley del IPSSET, presentada como una respuesta estructural al desequilibrio financiero del sistema.
La reforma amplía los conceptos que se consideran para calcular la pensión —incluyendo canasta básica, quinquenios y gratificaciones— y eleva la aportación estatal del 21% al 27%, mientras los trabajadores mantienen una aportación de 10.5%.
La gestión de AVA busca garantizar el pago de pensiones actuales y futuras por más de 25 años, respetar los derechos adquiridos de pensionistas y trabajadores en activo y establecer una transición ordenada para las nuevas generaciones.
Para quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 2026, la edad de acceso a pensión se fijó en 65 años, mientras que los trabajadores previos conservan la edad establecida en la ley de 2015.
Esta política combina tres elementos relevantes: mayor financiamiento público, ampliación de la base salarial de cotización y ajustes graduales para nuevas generaciones.
En términos del debate nacional, Tamaulipas ilustra cómo un estado puede anticipar el riesgo demográfico mediante reformas preventivas, en lugar de esperar a que la insolvencia del fondo obligue a recortes o a un rescate fiscal más costoso.
No obstante, persisten retos: la sostenibilidad dependerá del cumplimiento efectivo de las aportaciones estatales, del rendimiento de las reservas, del control del déficit actuarial y de la capacidad para atender también a la población adulta mayor fuera del empleo público.
La administración en mención también ha acompañado estas medidas con programas de atención integral y con la operación de pensiones federales en la entidad, como Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a mujeres de 60 a 64 años.
Tamaulipas aplica la lección central del sistema pensionario mexicano: una buena calificación no sustituye la planeación demográfica.
La reforma al IPSSET del gobierno de Tamaulipas, representa un esfuerzo por asegurar pensiones dignas y sostenibles, aunque su éxito final deberá evaluarse con base en resultados financieros verificables y en la protección real de las futuras generaciones de trabajadores.