CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy anunció este lunes que solicitarán a la Cámara de Diputados que le sea retirado el fuero constitucional a Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán y exlegislador, ya que una investigación ha demostrado su culpabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito y un “inexplicable” patrimonio de varios inmuebles.
Acompañada por el fiscal anticorrupción, Rafael Chong Flores, detalló en un mensaje a medios que desde el 4 de septiembre del año 2020, se inició una carpeta de investigación en contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.
“La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido del período comprendido del 2006 a la fecha; información registral y notarial de diversos inmuebles proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; dictámenes periciales diversos que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmueble; dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez”, abundó la titular de la FGJCDMX.
Godoy Ramos sostuvo que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público, permiten contar con los elementos probatorios objetivos que acrediten la existencia de hechos constitutivos de delitos cometidos por el exjefe delegacional en Coyoacán, lo que obliga a hacerlo del conocimiento de un juez para que éste resuelva conforme a la Ley.
Pero para que la persona imputada comparezca ante un juez y enfrente un juicio justo y apegado a derecho como cualquier otro ciudadano, la Cámara de Diputados debe retirarle la protección constitucional que tiene por su condición de diputado federal.
El fuero constitucional protege el funcionamiento del Poder Legislativo y las opiniones de sus integrantes, pero no es sinónimo de impunidad”, destacó la titular de la FGJCDMX.
Fundamentó que el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente el procedimiento que habrá de seguir el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de la existencia de algún delito por parte de alguna de las personas protegidas con inmunidad procesal, por lo que se solicitará de manera formal su desafuero ante el Congreso de la Unión.
Todas y todos los que trabajamos en el servicio público, como bien su nombre lo dice, tenemos que ponernos al servicio del pueblo, no toleraremos ni hoy ni nunca que un servidor público se sirva de sus cargos para beneficio personal”, puntualizó Godoy.
